El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hizo ayer un llamado público a la ciudadanía para que rechace el paquete de leyes sobre reforma del Poder Judicial impulsadas por el Ejecutivo Nacional, y pidió “que nadie se quede callado” ante lo que denominó la intención del gobierno de “llevarse puestas las reglas del juego”. A su vez, utilizó la red social Facebook para difundir la marcha convocada para el próximo jueves en contra del kirchnerismo, con lo que se sumó a la lista de dirigentes opositores que vienen arengando el denominado “18A”. Pero, puertas adentro del macrismo, se sigue debatiendo la idea de reflotar algunos proyectos para restringir medidas cautelares en la justicia porteña y cambiar las mayorías en el Consejo de la Magistratura local, en idéntico sentido que lo propuso el gobierno nacional.
“Si la justicia pasa a ser dependiente del poderoso de turno deja de ser justicia”, expresó Macri en un comunicado. “Esta semana no es como cualquier otra en nuestro país. Se pone en juego la justicia, y cuando ella está en juego muchas cosas entran en crisis. Se pone en juego nuestra libertad, nuestro futuro”, agregó. El mensaje apuntó contra los seis proyectos para la “democratización de la justicia” enviados al Congreso, que tiene previsto sesionar miércoles y jueves para darles media sanción.
“El gobierno ahora va por una reforma que pretende llevarse puestas las reglas de juego”, aseguró Macri. Y llamó a no ser indiferentes “si queremos evitar que esto ocurra”. “Los que somos dirigentes políticos y creemos en la institucionalidad, la democracia, la libertad, tenemos que alzar nuestra voz y demostrar unidad para defender estos valores”, planteó, en un explícito llamado a movilizarse.
Pero el PRO había hecho su propia intentona de reforma en la justicia local, que ahora un sector identificado con el vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, y con el poderoso empresario del juego y vértice judicial del macrismo, Daniel “El Tano” Angelici, propone reflotar. Ya en 2008, el legislador Martín Borrelli había redactado el proyecto 1003-D en el que restringía la aplicación de cautelares para el fuero contencioso administrativo, el que más dolores de cabeza le ha causado a Macri por detener medidas de su gobierno. Allí –en apenas tres artículos– se proponía limitar a 90 días hábiles el plazo del amparista para judicializar el reclamo y resaltaba que “no procederá el dictado de medidas cautelares” cuando se afecte la prestación de servicios públicos o se perjudicaran funciones de la administración pública. “Tampoco procederán medidas cautelares contra el Gobierno de la Ciudad o cualquiera de sus organismos o reparticiones, centralizadas o descentralizadas cuando los eventuales perjuicios afectaren derechos de contenido patrimonial”, afirmaba el proyecto, con idéntico argumento al que hoy esgrime el gobierno nacional. Dar vista a la contraparte y resolver con efecto suspensivo eran también parte de su articulado.
Esa propuesta para poner “plazo razonable” a las cautelares también se trató de instalar en 2011, de la mano de Ritondo y del legislador michettista Martín Ocampo. El eje central descansaba en la caducidad del amparo tras veinte días sin impulso por parte del demandante, algo que en la mayoría de los procesos se hubiera cumplido. Según denunció la oposición, ya desde fines de 2012, el PRO redactó otro proyecto que buscaba disminuir las mayorías para acusar jueces en el Consejo de la Magistratura local. «
