}La Asociación Gremial de Computación (AGC) le envió una carta al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para reclamarle por la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento. Aseguran que la disposición «es claramente inconstitucional» y pone en riesgo el modelo sindical argentino.
En octubre del año 2020 el Congreso convirtió en ley el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, un nuevo régimen de promoción que significó una ampliación de la antigua Ley de Software, vigente desde 2004. Además definió mejoras y elementos novedosos que no estaban presente en la ley anterior.
«Dicha norma introduce criterios normativos contradictorios con la clara letra de la ley, al tiempo que pretende apartarse de los principios sobre los que se sustenta el modelo sindical argentino, introduciendo criterios discriminatorios respecto al cumplimiento de las obligaciones gremiales entre trabajadores afiliados y no afiliados a las entidades sindicales.», explican en la carta los conducidos por Ezequiel Tosco.
En particular, señalan el conflicto que surge en el ANEXO del Decreto 1034/2020, en el quinto párrafo de su artículo 2º que dispone: “El normal cumplimiento de las obligaciones gremiales se deberá acreditar con un comprobante de libre deuda emitido por las entidades gremiales o sindicales con mayor representación, en las que se encuentren nucleados y nucleadas los trabajadores afectados y las trabajadoras afectadas a las actividades promovidas de la beneficiaria; o mediante la presentación de una declaración jurada de la que surja, según corresponda, la inexistencia de deuda”.
«Debemos advertir que la mención a una ‘declaración jurada’ en reemplazo del certificado de libre deuda es un giro normativo no contemplado, ni siquiera insinuado en el texto legal. Todo ello constituye inequívocamente un ejercicio ilegítimo, arbitrario de la facultad de reglamentar la ley con la que cuenta el Poder Ejecutivo. En otras palabras, esta disposición es claramente inconstitucional», denuncian los informáticos.
Y apuntan contra lo dispuesto por Kulfas: «El Poder Ejecutivo puede reglamentar, pero no modificar la ley».
El giro reglamentario es entendido por fuentes gremiales como «un giro insólito para zafar de pagarle al gremio». Además alertan que «deja un antecedente jodido contra todo el sindicalismo» y por ello buscaron y consiguieron el respaldo de las 62 Organizaciones peronista en su reclamo.
Desde la AGC, además, advierten que «la competitividad del sector industrial informático argentino reposa en los bajos salarios considerados en términos relativos y el aprovechamiento -no debidamente remunerado- de la alta calificación del ecosistema de formación profesional, universitario y terciario nacional».
Algo de eso repasó InfoGremiales en la descripción de la modalidad de trabajo en Globant, una firma altamente subsidiada por Argentina que no cumple con las mínimas condiciones de trabajo. No implementa un convenio colectivo, no hay mesa de negociación de condiciones de trabajo con sus empleados, persigue a quienes buscan sindicalizarse y no se cumple la legislación laboral.
Por ese perfil que apunta a la flexibilización de las condiciones de trabajo es que AGC califica de «extrema ‘combatividad’ anti sindical» al empresariado de la actividad que «no duda en caracterizar al movimiento sindical argentino como su principal enemigo».
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