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El desembarco de las petroleras británicas en las Malvinas, con el objetivo de recuperar sus declinantes reservas hidrocarburíferas en el Mar del Norte, ya lleva más de dos años y nunca hubiese sido sustentable –los resultados son por ahora magros– sin una estructura económica que respalde semejante aventura.
Denunciada en infinidad de ocasiones por el gobierno argentino, en diferentes foros internacionales, la exploración ilegal en el archipiélago tiene una estructura de financiamiento compleja, que se centra en bancos internacionales y fondos especulativos, que además tienen fuerte injerencia en grandes empresas mineras, de medios de comunicación y energéticas de todo el mundo, algunas de las cuales fueron denunciadas por violación a los Derechos Humanos.
En la actualidad, en forma ilegal y con autorización unilateral del Reino Unido, perforan en Malvinas las firmas Rockhopper, Borders and Southern Petroleum, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas, Argos Resources, Premier Oil y, en asociación con Rockhopper, la estadounidense Noble Energy.
