«Estoy a disposición de la justicia para que investiguen el entrecruzamiento pedido por la fiscal», dijo la exgobernadora. Sostuvo que existe «intencionalidad política».
La diputada nacional y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, salió a asegurar que no tiene «nada que ocultar» en el marco de la investigación por la Gestapo antisindical.
«Estoy a disposición de la justicia para que investiguen el entrecruzamiento pedido por la fiscal. No hay nada que ocultar. Tengo clara la intencionalidad política de esta causa y la incompetencia del Juzgado en este tema», expresó en declaraciones periodísticas.
Vidal apuntó al jefe de Estado, Alberto Fernández, sobre la imputación: «Era esperable que intentaran involucrarme en esta causa. Sabía que eso iba a suceder por los dichos del presidente y por el claro contenido político de la denuncia».
La fiscal federal de La Plata Ana Russo solicitó un entrecruzamiento de llamadas entre la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y 15 imputados, en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de una «mesa judicial» en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para el armado de causas a gremialistas y amplió la acusación sobre el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros.
El pedido se incluyó en un dictamen firmado ayer en el cual la fiscal amplió la imputación en la causa a todos los que participaron de una reunión llevada a cabo en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio 2017, según el escrito al que hoy tuvo acceso Télam.
La fiscal imputó a otras 14 personas, entre ellas el actual intendente de La Plata, Julio Garro, y aclaró que reclama investigar «también a toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos» y que «pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción».
En un primer requerimiento, se había imputado al exministro de Trabajo de la gestión de Vidal, Marcelo Villegas.
Al respecto, entre las medidas de prueba solicitadas al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, se pidió un «exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los exfuncionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante el período entre el 1 de mayo de 2017 y diciembre del mismo año».
«Cabe destacar que ésta representación del Ministerio Público Fiscal ha impulsado la acción penal, no sólo contra los presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017, sino también contra toda otra persona que resultare» involucrada con los hechos denunciados por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, a determinarse en el curso de la investigación.
La fiscalía dejó planteado que «se proceda al llamado a indagatoria» de aquellos imputados sobre quienes una vez cumplidas las medidas de prueba pedidas «se alcance el estado de sospecha suficiente».
En la ampliación de la imputación, la fiscal pidió investigar a los 15 participantes de la reunión.
La semana pasada, la querella del sindicalista de la seccional platense de la Uocra, Juan Pablo «Pata» Medina, había reclamado al juez imputar también a Vidal.
Por la reunión en la sede del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires, que fue filmada y en la que se habló de impulsar causas judiciales contra dirigentes sindicales, quedaron imputados Garro, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el exministro de Infraestructura Roberto Gigante y el senador bonaerense Juan Pablo Allan.
También tres exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) – Juan Sebastián De Stéfano, Dario Biorci y Diego Dalmau Pereyra-, además de empresarios de la construcción que estuvieron ese día.
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