Miradas desde La Quiaca sobre un pueblo que resiste La Puna desplazada: tierra de olvido para todos, fuente de riqueza para pocos

Desde hace más de 20 días en el lugar donde ambas nacimos y nos criamos, entre la tierra y el viento de agosto que no solo nos despeinaba sino que traía olor a coca y sahumerios por la pachamama; se juntaron las voluntades de muchos puneños, maestros, organizaciones y pueblos originarios.

Allí, en La Quiaca los docentes iniciaron un corte de ruta por un reclamo salarial justo. En el transcurso de los días y a medida que avanzaba la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial, se sumaron de a poco 43 comunidades aborígenes de los departamentos de Yavi, Santa Catalina y Cochinoca. Todo ocurrió bajo el manto de una época cruda e invernal en que las temperaturas rozan los -20° con un frío gélido que rasga la piel pero no congela la impotencia de la injusticia. Enarbolaron en ese junio las banderas whipalas y argentinas como símbolos de identidad que enmarcan la lucha histórica de los pueblos originarios, que no solo son habitantes de esta patria, sino los primeros en sumarse con el cuerpo a la guerra por la independencia.

Hace 213 años que la puna fue testigo participante de la lucha por la independencia de nuestro país. Fue precisamente luego de que Martín Miguel de Güemes llegara a Salta en 1809 y luego fuera designado a Humahuaca para obstaculizar el paso de los españoles. Desde allí recibió un comunicado en septiembre de 1810 alertando sobre el avance de las tropas realistas por el camino tradicional de arriería que pasaba por Yavi (hogar de uno de los pocos y más grandes marquesados del Virreinato del Río de la Plata y actual Departamento de Jujuy). Las tropas españolas se abrían paso por Cangrejos, pero sus caballos e intenciones fueron interceptadas por solo 25 hombres de observación que respondiendo a las órdenes de Güemes y con él presente, los arrinconaron hasta obligarlos a huir por Los Colorados y luego hasta Tupiza. Éste según distintas fuentes (Rojas, Bidondo, Cornejo), habría sido el bautismo de fuego y el primer enfrentamiento en el futuro territorio argentino. Pero ¿quién se acuerda de Cangrejos? o por lo menos ¿Quién conoce Cangrejos, Cangrejillos, Los Colorados? al parecer muy pocos, haciendo de estos lugares unos grandes símbolos del olvido.

Pero ese olvido nunca fue parte de las poblaciones indígenas de la puna, que a finales del siglo XIX comenzaron a reclamar lo que siempre les perteneció, las tierras donde habitaron desde tiempos inmemoriales. En 1877 la Corte Suprema expedirá un fallo histórico y le adjudicaría a la provincia de Jujuy la propiedad indiscutible de las tierras dentro de su territorio. Eso creó una falsa ilusión y una fe nunca merecida en que el estado provincial podría devolverles las tierras no solo a las poblaciones de Casabindo y Cochinoca, sino a todo Yavi también. Como es de esperarse y hasta ahora evidenciable, ni en esa época cuando un radicalismo de antaño encabezado por Tanco en 1920 se esforzó por hacer evidente la explotación que sufrían, ni se otorgaron las tierras que los puneños trabajaban con sus cansadas manos. Tampoco lo hizo Perón, el gran general que había luchado por los trabajadores en las grandes ciudades, cuando de forma denigrante devolvió a nuestros antecesores en un tren de carga luego del 1° Malón de la Paz en 1946. ¿Será que el trabajo del campo, el que da grandes dolores en la espalda e inmensas penas con las heladas no era trabajo? ¿o quizás es porque nunca hubo grandes fábricas ni industrias prometedoras?, es algo que nunca sabremos. El caso es que no hubo un solo malón, sino que ese primero fue la semilla, el origen, un despertar para darnos cuenta que el estado provincial ya no entregaría la tierra a sus verdaderos habitantes, sino que poco a poco empobrecería la provincia y también nos robaría el agua.

El hambre y el desempleo en la provincia llevaron a luchas que movilizaron de forma colectiva a la población de La Quiaca y recogen antecedentes que identifican el ser de la comunidad vinculado con la identidad. Ejemplo de esto son las crucifixiones que tuvieron lugar en el año 2002 ante la crisis económica y el corralito financiero que azotaba al país y golpeaba a los sectores más vulnerables, allí surgió más desocupación. En esa ocasión el párroco Jesús Olmedo se crucificó simbólicamente para expresar la forma en la que sentían todos y expresó “las crucifixiones fueron una teoría sacada del evangelio y de la teología de la cruz (…) que habla mucho de los crucificados de la historia y que nosotros lo hicimos realidad en la representación simbólico real de la crucifixión del pueblo colla”.

La modalidad se replicó en varias instancias en las que la comunidad quiaqueña se manifestó, al igual que con la huelga de hambre como expresión máxima de resistencia que tiene antecedente en La Quiaca en el año 2009 en reclamo por la situación de pobreza y miseria extendida, que contó nuevamente con el apoyo del padre Olmedo, y se le sumó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Luego de esto en el año 2006, y después de 60 años, algunos hijos de los primeros maloneros gestaron el 2° Malón de la Paz, porque parece que el estado sobre todo provincial precisa que nos acerquemos de vez en cuando hacia la capital caminando para escuchar nuestros reclamos. Otra vez, los ahora hermanos volvieron con promesas, con algunas leyes ambiguas y con un poquito de esperanza. Esas leyes, los programas de relevamiento territorial y cuanto ingeniero haya mensurado las tierras aún hoy, luego de 17 años no lograron entregar en su totalidad los títulos comunitarios en la puna de Jujuy.

Ahora el conflicto a grandes rasgos se inició con el petitorio de mejora de los salarios docentes dado que por años no fue actualizado, ignorándose también las condiciones precarias de trabajo que sufrían los maestros rurales sobre todo. Quienes por vocación y un salario mínimo ponían en riesgo su vida al trasladarse grandes distancias a los establecimientos escolares con diversas complicaciones, entre ellas, los caminos y el transporte. Esta problemática no sería la única, ya que en años recientes el gobierno provincial desabasteció a los comedores y albergues escolares de la región al que asisten los niños de la puna. La justificación de la quita de alimentos fue que los niños sufrían enfermedades, como diabetes, obesidad e hipertensión, estudio que nunca fue mostrado públicamente mediante datos comprobados. Además, en lugar de resolver esta problemática con asesoramiento profesional y en cumplimiento de la Convención Internacional del Derechos del Niño Ley. 26.060, artículo 24; el gobierno provincial optó por fomentar la malnutrición de las niñeces, que hoy solo tienen de la provincia mate y pan. Muy al contrario de esto, los maestros rurales proveen a los niños -con el salario mínimo que perciben- de un pequeño aporte en alimentos; acto de solidaridad que es acompañado por las familias locales quienes en su mayoría no tienen ingresos fijos y estables. Esta expresión de empatía motivó a la población a unirse en la defensa de los derechos laborales de un sueldo digno y se sumó el rechazo a la reforma parcial de la constitución de la provincia de Jujuy que además de cercenar derechos humanos básicos, delega al ejecutivo todo el poder para el manejo de la provincia y sus recursos.

Así como la nueva constitución llegó para amordazar la protesta, también busca darle marco legal al robo de tierras y al avance sobre el agua, arremetiendo contra la naturaleza en su totalidad. Esto es evidente a través del artículo 36 inciso 02 de expropiación de la tierra para utilidad pública y del artículo 95 inciso 02 sobre la exclusividad del poder ejecutivo en la manipulación del agua. No obstante, de todas las disposiciones elaboradas en la reforma constitucional ninguna prevé resarcir el daño ambiental hecho por la actividad minera, por ejemplo. Al parecer solo está centrado en avanzar con la producción que hasta ahora no deja grandes ganancias tangibles a las poblaciones locales. Datos certeros sobre esto pueden ser vistos en el mapa de Pedimentos Mineros elaborado por la Administración de Parques Nacionales. Allí, se observa el área que se extiende desde Santa Catalina a Guayatayoc en una etapa de cateo y la mayor parte de la puna con pedimento minero.

Por toda esta historia de injusticias, el pueblo de la puna jujeña se encuentra resistiendo sobre las rutas nacionales N° 9 y N° 52 y la ruta provincial N° 7, cansado de una forma de gobierno autoritario y antipopular que en los últimos 8 años se caracterizó por el avasallamiento de los derechos de los trabajadores de la educación, de la naturaleza y de los pueblos preexistentes, quienes ahora representan la raíz del entramado social que interpela a diferentes sectores a manifestarse y sobre todo a empatizar con la causa y que no solo se expresa con su presencia en las rutas sino también retomando antiguos actos simbólicos.

El 27 de junio mujeres y hombres de comunidades originarias y organizaciones sociales se crucificaron en el corte de ruta nacional N° 9 manifestando NO A LA REFORMA, hecho que al día siguiente continuó con una huelga de hambre por parte de integrantes de los diferentes espacios. Pero las acciones simbólicas de protesta no fueron las únicas. Las comunidades aborígenes de la puna denunciaron ante el Presidente de la Nación y el secretario de Derechos Humanos nacional mediante un documento la vulneración de derechos que habilita la reciente reforma parcial de la Constitucional Provincial, expresando su postura como ciudadanos de la Nación Argentina y en base al artículo 75 inciso 17 y 22, que los reconocen como pueblos preexistentes a la conformación del Estado.

La denuncia se basa en diferentes puntos: la ausencia de la consulta y consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado a comunidades indígenas de la provincia en violación al Convenio 169 de la OIT; participación no efectiva para las comunidades originarias como acto de discriminación en contra del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación; la posesión y propiedad comunitaria de las tierras ocupadas tradicionalmente según el artículo 75 inciso 17 de la Constitución de la Nación que se ven vulnerados cuando la titularidad del dominio recae exclusivamente en la potestad del estado provincial. El siguiente punto se suma en calidad de demanda al plan de malnutrición que se desarrolla en albergues escolares, llegando hasta el punto de ser considerado por la OIT como asesinato. Sobre el avasallamiento de los bienes naturales enmascarado en el artículo 95 de la reforma de la Constitución Provincial que otorga facultades sólo al Poder Ejecutivo provincial como ente de regulación del elemento vital del agua; de la protección de bienes culturales que a través del artículo 3 inciso 04 de esa misma constitución faculta solo a la provincia para celebrar convenios con instituciones internacionales o potencias extranjeras considerando primordial sólo su interés científico, cultural, económico y turístico, denigrando el conocimiento local de las comunidades.

En este entramado que se expresa en el pesar profundo del pueblo puneño decidimos aceptar el desafío de escribir este artículo sobre lo que pasa en ese lugar tan alejado, no solo porque somos de ahí, sino porque ahora aun estando lejos temporalmente podemos decir que nuestras familias, nuestros hogares, la gente que conocimos y reconocimos se hicieron parte nuestra. Y que además, a pesar de todas las diferencias sociales que puedan haber existido antes, este atentado contra nuestros derechos nos unió en una lucha que a pesar de causarnos impotencia por la falta de respuesta de Gerardo Morales; nos permite reconocernos en valores que por este gobierno fueron olvidados, como la igualdad, la humildad, la hermandad, la empatía y el orgullo.

*Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

**Miembra y secretaria de la Comunidad Aborigen de Cangrejillos. Tesista de Antropología por la Universidad Nacional de Salta (UNSa).