Mientras los prefectos y gendarmes seguían con su protesta por cuarto día consecutivo, la negociación con el gobierno ingresó ayer en su etapa definitoria, con una larga reunión de trabajo en el Edificio Centinela –sede de la Gendarmería– en la que participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad.
El contacto directo entre el personal del ministerio, las autoridades de las fuerzas y los delegados de los efectivos que reclaman un básico salarial de 7000 pesos en bolsillo –entre otros puntos del petitorio– alimentó cierta esperanza en que pueda haber un acercamiento entre las partes antes del martes próximo. La visita de los funcionarios al Edificio Centinela fue previa a ponerse en práctica, por orden de la ministra Nilda Garré, la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la fuerza.
La intervención se debió, según informó el ministerio, a las “severas deficiencias” registradas ante los reclamos por “diferencias salariales” que había presentado el personal de la institución. Las deficiencias incluían el tratamiento irregular de las medidas cautelares que mejoraban los haberes de una parte de los efectivos.
