Hace meses, la justicia está en el centro del debate. La consigna de democratizar al poder más elitista del Estado abrió la puerta a cuestionamientos sobre el carácter vitalicio de los jueces, la exención de impuestos, su lógica corporativa. Sin embargo, poco se ha dicho sobre su carácter patriarcal, uno de los rasgos que más afecta al servicio en la vida cotidiana. “Parte del cambio tiene que ir dirigido a ver qué tipo de jueces queremos desde su ideología. Se necesita erradicar de la policía y de la justicia a aquellos violentos o a los que están identificados con el patriarcado”, arriesga Carlos Rozanski, uno de los magistrados firmantes de la solicitada “Una justicia legítima”. En la actualidad, Rozanski preside el Tribunal Federal Oral Nº 1 de La Plata, que condenó los delitos cometidos en el denominado Circuito Camps, e integra la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, del Ministerio de Justicia de la Nación. En diálogo con Tiempo Argentino, analiza la reacción conservadora ante los avances en materia de igualdad de género, examina los pros y contras de la ley de femicidio, y asegura que no habrá cambios en el poder judicial si las convenciones internacionales de Derechos Humanos no bajan a la calle. “Argentina tiene una legislación inmejorable. Hoy no hay excusa para no proteger a las víctimas. Los jueces cuentan con todos los elementos necesarios”, sentencia.
–El año terminó con la sanción de la ley de femicidio y la reforma a la ley de trata, ¿hay un mayor protagonismo de los temas de género en la agenda pública?
–El avance de los últimos años ha sido geométrico. Tanto en el estudio, el análisis, y la concientización. Pero también vemos que en este momento hay una reacción de los afectados, los violentos, los abusadores, los intolerantes, los cómplices y quienes los avalan, los asesoran y hacen negocios. Esa reacción, aunque anárquica, está unida por la identificación y la convalidación de una historia de violencia contra la mujer, el niño, de las personas mayores. Buscan generar un retroceso y una parte de esa reacción proviene del propio sistema. Porque el poder judicial tiene componentes altamente reaccionarios que colaboran con frenar ese tipo de avances.
