gustavo cirelli
Días atrás, cuando el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, respondió que los que lo acusan “son los que posibilitaron que en la Argentina estén libres todos los genocidas”, no hizo más que resumir, en pocas palabras, gran parte de la historia previa a 2003 en materia de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado. La réplica de Fresneda tuvo por destinatarios a un puñado de legisladores de la Unión Cívica Radical que presentaron una denuncia penal en su contra por el presunto ocultamiento de información sobre la posible participación del jefe del Ejército, César Milani, durante la última dictadura cívico-militar.
Desde las condenas en el histórico Juicio a las Juntas Militares en 1985, durante el alfonsinismo, hasta la instalación de la política de Memoria, Verdad y Justicia con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, los genocidas gozaron de la impunidad que les garantizó un sector de la dirigencia radical-pejotista.
Al Juicio a las Juntas en el que sólo fueron juzgados los capitostes militares del terrorismo de Estado –un hecho sin dudas trascendente y que no tuvo antecedentes en el mundo– le siguió la impunidad de las Leyes del Perdón: Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), que fueron impulsadas desde las entrañas del propio alfonsinismo. Impunidad que coronó Carlos Menem en 1990 con los indultos a los genocidas.
De eso habló Fresneda.
Y más aun.
Milani deberá rendir cuentas ante los tribunales de la democracia si las denuncias en su contra prosperan en sede judicial. No hay dudas de eso. La política de Memoria, Verdad y Justicia no tolera la más mínima grieta. Bien lo sabe el propio Fresneda. Lo sabe porque sufrió los horrores del terror –sus padres están desaparecidos– y lo sabe porque mucho antes de ser funcionario, fue miembro y abogado de HIJOS.
No casualmente los archivos aportan un dato que recupera su relevancia ante tanto oportunismo. En agosto de 2003, se sancionó la Ley 25.779 –presentada por la entonces diputada por Izquierda Unida Patricia Walsh y acompañada por el Frente para la Victoria– que declaró “insanablemente nulas e inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”. Y fue un punto de partida. Meses después, la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano aceptaba la constitucionalidad de la Ley 25.779, al procesar a Luciano Benjamín Menéndez y otros ocho represores. El letrado querellante en la causa contra los militares era un joven abogado: Fresneda. “Esto marca un giro en la voluntad político-jurídica de la provincia y nos sitúa en la antesala de un juicio penal contra los genocidas, después de años de impunidad”, declaraba, entonces, Fresneda a Página/12.
Hoy, paradojas de campaña electoral, Fresneda es denunciado penalmente por los radicales Gerardo Morales, Ricardo Gil Lavedra –ex juez del Juicio a las Juntas–, Lilia Puig de Stubrin y Ernesto Sanz, entre otros. En principio, el objetivo sería desmontar una trama urdida desde el Ejecutivo para instalar a Milani, un jefe de Inteligencia del Ejército, como titular de esa fuerza y burlar así años de una política de Estado que consagró el fin de la impunidad en el país. Parece demasiado. Como se indicó más arriba, Milani deberá responder ante cada una de las imputaciones en su contra.
Pero lo llamativo ante la denuncia es el doble estándar –o la desmemoria– de ciertos correligionarios. Por caso, si de jefes de Inteligencia del Ejército se trata, la democracia alumbró en 1984 con el general José Segundo Dante Caridi en ese cargo, cuando las catacumbas del terrorismo de Estado aún exudaban muerte. Luego Caridi fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército en 1987, durante la gestión de Horacio Jaunarena como ministro de Defensa. Asumió en abril de ese año después del levantamiento carapintada de Semana Santa. En mayo, Caridi ya andaba reivindicando desde lo alto del Ejército “la lucha contra la subversión” y reclamaba una solución a los juicios contras sus camaradas de armas por delitos contra los Derechos Humanos. En abril de 1983, había revestido como director de la Escuela de Artillería del Ejército, cuando el conscripto Mario Daniel Palacio sufrió apremios ilegales de parte de sus superiores y murió. Lo mataron. Su foja de servicio incluyó en 1979 la jefatura de la Agrupación de Artillería de Defensa 601, con sede en Mar del Plata, donde funcionó un centro clandestino de detención. Dejó la conducción del Ejército en diciembre de 1988, tras el tercer alzamiento carapintada. Antes tuvo tiempo, por ejemplo, de declarar sobre las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: “Muchas mujeres de las que integran esa organización no son auténticas madres de desaparecidos, sino que por algún dinero se ponen un pañuelo a la cabeza y dan vueltas alrededor de la plaza.” Y más: “Hay utilización política, una ideología detrás de las Madres de Plaza de Mayo, que no solamente dan vuelta a la plaza, sino que dan vuelta al mundo, pagadas por no sé qué fondos.” Murió a los 81 años, en mayo de 2012.
En 1988, a Caridi lo sucedió en el Ejército el efímero titular de la fuerza, Teniente General Francisco Eduardo Gassino. Permaneció seis meses en ese cargo. En 1966 se había incorporado como oficial de Inteligencia y llegó a ser Jefe II de esa área entre 1986 y 1987. Debió renunciar al Ejército el 8 de julio de 1989, el día que Raúl Alfonsín abandonaba la presidencia en manos de Carlos Menem. Durante la conducción de Gassino, el 23 de enero de 1989 la organización guerrillera Movimiento Todos por la Patria (MTP), bajo las órdenes de Enrique Gorriarán Merlo, copó el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada. La recuperación de la guarnición militar fue a sangre y fuego. Los guerrilleros se rindieron. Hubo 13 muertos de las fuerzas de seguridad y el Ejército. Y 26 civiles cayeron muertos en el cuartel. Se denunció la desaparición de tres miembros del MTP que habrían sido capturados con vida en el regimiento. También se denunció torturas a los detenidos que fueron condenados.
Años más tarde, Gassino estuvo –junto a Caridi– entre los miembros de una comisión ad hoc que en 1995 expulsó al general Martín Balza del Círculo Militar por “traidor”.
Una década antes de esa anécdota castrense contra Balza, incluso previamente a que Gassino fuese el Jefe II de Inteligencia, ese cargo, en 1985, lo ocupó el general de Brigada Enrique Braulio Olea.
¿Quién es Olea? Un genocida.
Fue hallado culpable de 17 hechos en la causa 8736/2005, conocida como Escuelita II, en Neuquén. En 1976 fue el jefe de Batallón de Ingeniero 181 de esa provincia. Su carrera siguió en ascenso, incluso en democracia. Hace cinco años, en 2008, recién pudo ser condenado por delitos de lesa humanidad.
fuente infonews
