Gerardo Morales estrenó su nueva Constitución con la provincia incendiada. Gremios estatales y docentes, movimientos sociales y pueblos originarios rechazaron en las calles de San Salvador de Jujuy la reforma con la que el gobernador limitó el derecho a protestar, y a la que se acusa de preparar el terreno para un avance del negocio…

Organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales, sociales y políticos repudiaron la represión ordenada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy  

Alfredo “Capi” Rodríguez llegó tan solo al 2,8 por ciento de los votos, muy lejos del piso del 10 por ciento que esperaba y más todavía de acercarse a las principales fuerzas políticas.

Reclaman la renuncia del gobernador y la derogación de la reforma que en medio de la fiebre del litio impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad. Mientras los detenidos comenzaban a recuperar la libertad, Morales convocó a una reunión informativa para el martes y la multisectorial gremial a un banderazo.

El gobernador jujeño acusó al gobierno nacional, a los gremios, al kirchnerismo y a Milagro Sala de estar incentivando y financiando las protestas en la provincia. No ofreció ningún indicio sobre sus dichos. La explotación de litio como trasfondo de la represión a las comunidades originarias.

Personal de la Prefectura Naval Argentina allanó talleres textiles que eran investigados por presunta trata de personas y explotación laboral, en el barrio de Villa Soldati, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.  

Los sindicatos del transporte afiliados a la Federación Internacional de Trabajadores de la actividad (ITF) reclamaron «la inmediata regularización del personal que cumple tareas en las plataformas digitales», en el contexto de un Foro que analizó esa problemática.