El cuerpo perteneciente del Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría la apertura del procedimiento de remoción del juez Néstor Montezanti y el juez federal Luis Armella en dos dictámenes que la semana próxima tratará el plenario.
La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría la apertura del procedimiento de remoción del juez Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y Luis Armella, juez federal de Quilmes, en dos dictámenes que la semana próxima tratará el plenario del organismo.
El pedido de jury (jurado de enjuiciamiento) al juez Montezanti había sido presentado por el consejero Julián Alvarez (secretario de Justicia de la Nación), representante en el Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo, en tanto que el pedido respecto del juez Armella había sido presentado por los anteriores consejeros Marcelo Fuentes y Carlos Moreno.
La Comisión, que preside el representante de los académicos Jorge Candis, trató ambos dictámenes que resultaron aprobados por mayoría, por lo que a partir de ahora queda esperar cuál será el resultado de su tratamiento y votación en el próximo plenario del cuerpo encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los magistrados y que requerirá los votos de las dos terceras partes de los consejeros.
Montezanti, quien presentó por escrito su descargo ante el Consejo, es docente y presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y es investigado en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A previo al golpe de Estado de 1976, que llevan los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, y que investiga 22 homicidios cometidos entre 1974 y 1975 por ese grupo parapolicial.
En el marco de esta causa, el juez subrogante del juzgado federal 1 de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria a Montezanti con fecha 27 de agosto, sin que el magistrado se haya presentado.
Montezanti, si bien goza de fueros que impiden su arresto puede ser investigado y también indagado, por lo que el juez Ramos Padilla reiteró su llamado a indagatoria.
Al fundamentar el llamado, Ramos Padilla señaló que “los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto de su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza”, un militante de la Juventud Peronista que trabajaba en el hospital municipal de Bahía Blanca, y fue secuestrado en 1977 y llevado al Comando del V Cuerpo del Ejército.
El sobreviviente testimonió que allí lo interrogaron y le hicieron firmar unos papeles a punta de pistola, y reconoció a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, como quien lo interrogaba.
Los fiscales Palazzani y Nebbia, que llevan adelante la causa, reunieron documentación sobre los “antecedentes” de Montezanti “como personal civil de Inteligencia del Destacamento 181 desde 1980”.
Según consta en el legajo remitido por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, el imputado prestó funciones con el grado A-1, definido como de “asesor universitario”.
En cuanto a Armella, el juez estaba acusado de presuntas irregularidades mientras tuvo bajo su órbita el monitoreo del saneamiento del Riachuelo.
Armella, quien también presentó por escrito su descargo ante el Consejo, habría favorecido a empresas vinculadas con familiares suyos para la contratación de obras de limpieza de la cuenca.
El magistrado fue separado en 2012 de ese expediente por la Corte Suprema a raíz de un informe de la Auditoria General de Nación que mostraba irregularidades en la contratación de empresas para las obras de saneamiento
