La Federación Nacional de Peones de Taxis, que conduce Miguel Ángel Soto, respaldó un proyecto de la senadora María Rosa Martínez que exige licencia profesional, antecedentes penales, VTV y seguros específicos a las plataformas digitales. La iniciativa busca terminar con la «precarización» y la desigualdad de condiciones entre los taxistas y las aplicaciones, bajo la premisa de que la tecnología no puede estar por encima de la seguridad ni de los derechos laborales.
La Federación Nacional de Peones de Taxis de la República Argentina dio un paso fundamental en su estrategia de institucionalizar la defensa del sector. La organización que conduce Miguel Ángel Soto anunció el impulso de un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires, presentado por la senadora provincial María Rosa Martínez, que busca crear un Régimen Provincial de Regulación para las personas jurídicas que intermedian en la oferta y demanda de transporte oneroso de pasajeros mediante aplicaciones digitales. La iniciativa llega tras años de reclamos por parte de los trabajadores del volante, quienes exigen reglas claras y el fin de lo que consideran una competencia desleal.
El proyecto, que cuenta con el acompañamiento directo de la Federación, parte de una premisa central: «La tecnología puede avanzar, pero nunca puede estar por encima de la seguridad, las leyes ni los derechos laborales». Los taxistas sostienen que no se oponen a la modernización, sino a que se utilice la innovación tecnológica como una excusa para precarizar el trabajo, desregular una actividad esencial o permitir que las plataformas obtengan beneficios sin asumir las responsabilidades que les corresponden. En ese marco, el texto legislativo establece una serie de requisitos concretos que igualan las condiciones entre las aplicaciones y el servicio de taxi tradicional.
Entre las exigencias que deberán cumplir las empresas de plataformas y sus conductores se destacan: contar con licencia de conducir categoría D1 y una edad mínima de 21 años; presentar un certificado de antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia con renovación anual; acreditar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente para transporte de pasajeros; y disponer de seguros específicos para los vehículos. Además, las empresas tendrán la obligación de mantener actualizada una base de datos de conductores y unidades, inscribirse ante ARBA, constituir domicilio en la provincia y abonar una tasa de fiscalización, designando al Ministerio de Transporte bonaerense como autoridad de aplicación.
Desde la conducción de la Federación, Miguel Ángel Soto fue enfático al señalar que la iniciativa busca terminar con la existencia de «trabajadores de primera y trabajadores de segunda». «No puede haber vehículos sometidos a controles y otros que desarrollen actividades de transporte sin las mismas exigencias de seguridad. Tampoco puede haber empresas que intermedien en el traslado de personas sin asumir responsabilidades frente a los pasajeros y la sociedad», argumentaron desde el gremio. Para los taxistas, el transporte de pasajeros no es un juego: detrás de cada viaje hay vidas humanas y una responsabilidad que debe ser asumida por todos los actores involucrados.
La presentación de esta ley marco representa un cambio de estrategia para el sector, que busca dejar de lado únicamente la protesta callejera para adentrarse en la arena legislativa y llevar la voz de los trabajadores a los ámbitos donde se toman las decisiones. «No pedimos privilegios. Exigimos igualdad ante la ley. No rechazamos el futuro. Queremos ser parte de él, con nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra historia», concluyó la Federación en su comunicado, ratificando que la defensa del taxi es también la defensa de miles de familias argentinas y de un sistema de transporte seguro y profesional.
