Fresneda advirtió que desde que el expediente llegó al Juzgado Federal 10 sólo se le tomó declaración testimonial a Lidia Papaleo. Volvió a pedir que citen a Herrera de Noble y Magnetto. El secretario de derechos humanos cuestionó los tiempos del juez Ercolini.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le solicitó ayer a la justicia que avance en la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura militar ya que “no existen motivos para continuar con la dilación de la causa”. El organismo estatal, querellante en el expediente, manifestó en un comunicado su disgusto con el juez del caso, Julián Ercolini.
“Desde que la causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 10 (de la Capital Federal), solamente se cumplió con la declaración testimonial de Lidia Papaleo”, se quejó el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. El malestar del funcionario se debe, entre otras cuestiones, a que la Secretaría solicitó en reiteradas ocasiones que se cite a los imputados en el expediente a prestar declaración indagatoria y ninguno fue convocado. Entre los acusados se destacan: la titular del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del multimedios, Héctor Magnetto; el ex secretario de redacción del matutino, Reinaldo Gregorio Bandini; el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre; además de Marcos, Sergio y Hugo Peralta Ramos por La Razón.
Fresneda también cuestionó que una pericia contable sobre el precio de las acciones de Papel Prensa al momento de la apropiación, que aún no finalizó, obstaculice el devenir de la pesquisa: “Eso no es razón para que la investigación no avance, la pericia puede hacerse en paralelo”, dijo. “No afecta al núcleo de la investigación”, agregaron desde la Secretaría a Tiempo Argentino.
“Lo determinante no es el precio de las acciones, que ya en aquel momento y, ante un pedido del juez de la sucesión de David Graiver, se dijo que era entre dos y cuatro veces mayor a lo que figuraba como pagado” sino “que se obligó a los Graiver a traspasar su empresa a los diarios contra su voluntad y con extorsión y amenazas”, destacó Fresneda. El funcionario estaba haciendo mención a la tasación que realizó el Banco de Desarrollo en 1977.
Para la Secretaría lo central es que en pleno genocidio los tres diarios y la cúpula militar coordinaron la maniobra para apropiarse de la empresa. En este sentido, los abogados que representan a la entidad gubernamental presentaron ayer un nuevo escrito en la causa: se trata, según explicaron, de una copia de un fragmento del libro La Noble Ernestina, de Pablo Llonto, en el que se destaca una entrevista que el periodista le realizó a un director de Clarín.
Allí, el directivo describe el interés que tenía Magnetto por las acciones de Papel Prensa cuando muere David Graiver. “Es un indicio más de que el interés era previo al supuesto ofrecimiento de venta de la empresa. Hay un montón de elementos en la causa para que se avance con premura”, aseguraron a este diario.
Por caso, se sumaron los documentos de la dictadura que se encontraron en el subsuelo del Edificio Cóndor. “Las originales de las reuniones que mantuvo la Junta Militar confirman que para los militares el caso Graiver y Papel Prensa no eran cuestiones separadas”, añadieron desde el área de Derechos Humanos.
“Esperamos que el juez resuelva estos pedidos, porque una causa de esta trascendencia no puede seguir estancada, esta demora sólo es funcional a la impunidad que todos queremos que se termine para siempre”, concluyeron.
