El laboratorio represivo montado en Jujuy por Gerardo Morales aplicó varias herramientas de dudosa legalidad, entre ellas la intromisión de la policía y los funcionarios judiciales en la intimidad de la comunicación de los detenidos del 17 de junio en el corte de ruta en Purmamarca, en la información que está en sus teléfonos celulares.
Las veinte personas arrestadas esa jornada quedaron imputadas por delitos tales como “entorpercimiento de transportes y servicios”, y sus teléfonos fueron secuestrados en un procedimiento irregular, a cuyos detalles accedió Página/12. En particular, dos periodistas vieron vulnerado su derecho constitucional a la reserva de las fuentes. Por esta razón, diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de prensa del país, así como Reporteros sin Fronteras, repudiaron la orden del Poder Judicial de Jujuy de detener, imputar y abrir los celulares de los periodistas Lucho Aguilar, de La Izquierda Diario, y Camilo Haro Galli, de El submarino. En sus respectivos comunicados Fopea, Sipreba y Fatpren se pronunciaron con “fuerte rechazo a la criminalización de los trabajadores de prensa y al peritaje de sus teléfonos”. También el CELS denunció los abusos contra periodistas.
Aquel sábado 17 cuando el grupo de mujeres y hombres llegó al Penal de Alto Comedero –entre ellos un chico de 17 años, los periodistas y el turista cuya brutal detención se había viralizado– fue sometido a una larga requisa, por momentos sin ropa en el frío de la intemperie. Ninguno de los policías tenía identificación, algo común para esa fuerza. Les quitaron sus pertenencias, entre ellas sus celulares, que fueron a parar a bolsas transparentes. Más tarde llegaron efectivos con chalecos de Delitos Complejos, con computadoras de mano. Sacaron los celulares de las bolsas e intentaron que les detenides firmaran su consentimiento para que se llevaran los aparatos.
“Me negué, y me dijeron que no importaba porque ellos tenían a los testigos, que en realidad eran policías y miembros del Servicio Penitenciario que podían firmar sobre nuestras requisas y teléfonos”, dijo a este diario una de las detenidas. Y relató que ante la imposición, arrebató el papel, firmó y puso en letras bien grandes que el celular estaba retirado sin su conformidad. Pero lo más grave aún no había sucedido. Mientras esperaban para ser alojades vieron que enchufaron sus teléfonos a las máquinas que habían llevado, y luego los guardaban en unos sobres marrones, con un precinto. En definitiva, no sólo no hubo orden de retenerlos sino que fueron manipulados sin la presencia de peritos de partes.
“En el sistema procesal penal de Jujuy la fiscalía puede secuestrar lo que quiera y luego en una audiencia interviene el juez y resuelve si está bien o mal ese secuestro, en este caso en la audiencia algunos abogados plantearon nulidades e incompetencias pero nosotros como defensa de Lucho (Aguilar) no pudimos hacerlo porque no nos notificaron”, denunció el abogado Agustín Comas, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), en diálogo con Página/12. El juez de Control Rodolfo Fernández ratificó los secuestros y ordenó la extracción de la información de los dispositivos. “No nos pudimos oponer, y además es un periodista, acá lo que pretenden es identificar a más personas que participaron de la protesta, a partir de los diálogos privados que mantuvieron con él, es una persecución total a quienes protestan, quieren identificar a los opositores de Morales para criminalizarlos, es brutal”, agregó el letrado.
Por su parte, la diputada y precandidata del FIT-U Myriam Bregman consideró que “es una medida totalmente arbitraria y violatoria del derecho más elemental del ejercicio del periodismo”. A su criterio, “para investigar un supuesto ‘corte de ruta’, donde solo hay que saber si estabas o no estabas, nada tiene que ver lo que el periodista haya hablado o escrito en las horas previas”. Por eso, Bregman concluyó que “el único sentido de esta medida, es avanzar en la persecución a las organizaciones sociales y políticas que siempre ha guiado al gobierno de Morales; y demuestra que el proceso no tiene un elemental grado de imparcialidad”.
El artículo 43 de la Constitución Nacional establece claramente que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. A su vez, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fija que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) enviaron una nota al fiscal general Sergio Enrique Lello Sánchez para manifestar la “preocupación por la imputación que quieren realizarle (a Aguilar) y la orden de apertura de su celular que se trata de un claro ataque a la libertad de expresión y la protección de las fuentes periodísticas”. Por su parte, FOPEA advirtió que “esto sienta un peligroso precedente para el ejercicio profesional y puede poner en riesgo la libertad de expresión”. El CELS apuntó que “la apertura de los celulares de los periodistas, para revisar sus conversaciones y contenidos, se hizo en tiempo récord y sin dar aviso a sus abogados. Sin una hipótesis delictiva clara, se trata de una excusa para violar sus garantías constitucionales y criminalizarlos”.
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