El Ministerio de Salud resolvió otorgar $ 2.500 millones a obras sociales para atender saldos pendientes de cancelación con proveedores y prestadores. La decisión responde a uno de los reclamos cegetistas y da una nueva señal a la central sindical justo la semana en la que tiene que ir al Congreso para dar su visión sobre el acuerdo con el FMI.
La decisión se oficializó hoy a través de la resolución 398/2022 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicada hoy en el Boletín Oficial.
La misma aprobó el procedimiento de pago a cuenta de $ 2.500 millones a 237 obras sociales con saldos pendientes, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR).
El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los agentes del seguro de salud, pendientes de cancelación al día de la fecha.
Seis de las 237 entidades concentran el 35% del total de los recursos otorgados: Osecac (Empleados de Comercio y Actividades Civiles), con $ 332.718.762; OSDE (Ejecutivos y Personal de Dirección de Empresas), con $ 143.235.082; Osprera (Personal Rural y Estibadores), con $ 120.644.859; Ospecon (Personal de la Construcción), con $ 108.768.779; Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) con $ 101.343.227, y OSPE (Petroleros) con $ 77.182.985.
La Superintendencia destacó que «habiéndose efectuado un análisis de la distribución de fondos otorgados», así como «las proyecciones simuladas para el adelanto de mayo de 2021, se elaboró en dicho mes una nueva fórmula de distribución de fondos, también de carácter transitorio y excepcional».
En esa oportunidad se recurrió a la «utilización de nuevos parámetros que ponderan indicadores económicos y prestacionales y permiten mantener un equilibrio en la distribución de fondos hacia los agentes del seguro de salud, la que se continuó utilizando en los meses sucesivos».
«Debido a las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se han ido adoptando desde el comienzo de la pandemia de la Covid-19, a la fecha persiste la imposibilidad del organismo de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los agentes del seguro de salud, en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físico», aclaró la Superintendencia.
Al respecto, agregó que «no caben dudas de que la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud».
En consecuencia, consideró que «resulta oportuno que este organismo continúe adoptando medidas con el objeto de garantizar, por vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud».
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