Sturzenegger pone la mira en 2025 y apunta contra los convenios sectoriales dentro del Estado

El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger asumió su cargo con facultades de revisar las contrataciones también desde la administración pública descentralizada. Entre sus competencias, está como prioridad «redimensionar y reducir el gasto público». El ex ministro de Macri arrancó vendiendo como nuevo un examen para acceder a cargos públicos que ya existe. Desde ATE aclararon además que no se pueden rendir porque los pases a planta ahora están paralizados.

 

El Gobierno designó la semana pasada a Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Su tarea será evaluar los cargos y designaciones dentro del sector público e incluso llegar a revisar «convenios sectoriales», lo que atenta contra las regulaciones laborales y sindicales.

Según el DNU, Sturzenegger tendrá entre sus competencias «la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional, la transformación de gestión, la simplificación del Estado, el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público»

En paralelo, el gobierno nacional presentó la semana pasada el Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025. Allí, un apartado indica que un objetivo del próximo año será evaluar los cargos de los que se encuentran en la órbita del Convenio de Trabajo General para «revisión de convenios sectoriales».

Luego de esa evaluación van a «aplicar el resultado de la misma de los conceptos de pago incluidos en los Regímenes Remunerativos de los Convenios Colectivos de Trabajo Sectoriales, dirigido a facilitar el análisis».

Entre los 27 objetivos listados en la designación del nuevo ministro del gobierno libertario, los claves para esta tarea son el 7 y el 15.  El flamante ministro buscará, según el objetivo siete, participar en la «revisión de esquemas tributarios, excepciones impositivas y régimen especiales que generan privilegios o distorsionan el funcionamiento de la economía».

Así también, Sturzenegger buscará promover en conjunto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, diversos «procesos de reforma y modernización que sean transversales al Sector Público Nacional».

«En coordinación con los sectores públicos provinciales y locales, destinados a impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, desregulación, simplificación y desburocratización, fomentando el uso de herramientas tecnológicas«, subrayan.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el plan de Sturzenegger es «ir contra la estabilidad del empleo público» al buscar someter a otro examen a los trabajadores del Estado. «Se están haciendo los concursos (para pasar a planta en el Estado), pero vienen con un atraso formidable», explicó el secretario de Convenios Colectivos del gremio Flavio Vergara a El Cronista.

Sturzenegger lo quiso vender como novedad pero desde ATE aclararon que eso ya era un requerimiento necesario para formar parte del Estado y descartaron la medida como algo moderno.

Vergara explicó que los pases a planta actualmente se dan por la apertura de concursos dentro del Estado al cual el trabajador aplica y tiene que pasar una evaluación técnica, una psicológica y una revisión de antecedentes. «Recién ahí te pasan a planta», aseguró.

«Está todo frenado por el Gobierno», indicó. Según Vergara, la gestión de Alberto Fernández habilitó la posibilidad de que los trabajadores con educación terciara con más de 10 años de contrato en su función pudieran dar este examen para regularizar su situación. Asimismo, aquellos que tenían educación universitaria tenían que haber estado como mínimo 5 años en su puesto para acceder a esta posibilidad.

Vergara afirmó que los procesos están «impugnados» y se dejaron en «stand by» porque los directivos públicos no tienen orden de darle viabilidad al proceso. «Por ejemplo: hay 2 mil vacantes de profesionales de salud que iniciaron proceso de concurso y quedaron congelados», sostuvo el sindicalista.

 

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