Permitirá establecer precios de referencia ciertos para que los productores puedan vender su cosecha sin resignar ingresos a manos de los acopiadores y los grandes exportadores.
A través de una resolución conjunta del Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Valores (CNV), el gobierno formalizará esta semana la creación de un registro de operaciones de granos, herramienta con la cual aspira a incrementar el flujo de información proveniente de la comercialización agrícola en beneficio de los pequeños y medianos productores. Quienes participaron de su diseño aseguran que la publicación prácticamente en tiempo real de los valores transados, así como el lugar y los volúmenes operados, permitirá a los productores tener una mejor referencia que el denominado (y sumamente cuestionado) precio ‘pizarra’, que solamente tiene en cuenta un porcentaje menor de las operaciones. La obligatoriedad de registro alcanza a las operaciones primarias, es decir, aquellas donde el productor vende al acopiador y las secundarias, que son las operaciones comerciales de éste último al exportador.
“La medida es buena para el sector en general, pero particularmente para los pequeños y medianos productores. Hoy los grandes compradores, ya sean exportadores o acopiadores, penalizan a través del precio cuando la calidad del producto está por debajo de los estándares, pero no premian cuando se da la situación inversa”, señaló un funcionario con conocimiento del tema.
Tal como informó este diario, la iniciativa fue sometida en las últimas semanas ante los diferentes involucrados en la cadena comercial –productores, acopiadores, Bolsas de Cereales y cámaras que agrupan a exportadoras– quienes realizaron observaciones, algunas de las cuales fueron incorporadas al proyecto final. Uno de esos cambios tiene que ver con el destinatario de la registración, que será únicamente el Ministerio de Agricultura a través del Registro Único de la Cadena Alimentaria (RUCA).
La mayor oposición al proyecto provino del sector exportador nucleado en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que aunque se mostró de acuerdo en informar la totalidad de las operaciones cuestionó la “intromisión” de la CNV, en sintonía con lo que expusieron otras entidades, como Coninagro. Por su parte, Alejandro Vanoli, titular de la CNV, le dijo a Tiempo Argentino: “El objetivo esta ciento por ciento cumplido para que haya precios de referencia y que éstos sean transparentes”.
En tanto, desde Agricultura advirtieron que con el nuevo esquema se acabó la manipulación de la ‘pizarra’ por parte de las grandes cerealeras en detrimento del productor.
Medidas de auxilio para los tamberos
El ministro de Economía, Axel Kicillof, y su par de Agricultura, Carlos Casamiquela, encabezaron ayer una reunión del gobierno con productores tamberos nucleados en la Mesa Nacional de Lechería y funcionarios provinciales, a quienes anticiparon que la semana próxima se darán a conocer una serie de medidas de auxilio al sector, entre ellas créditos a tasa subsidiada y una reasignación de partidas presupuestarias para obras de infraestructura e incentivos para incrementos en la producción y calidad, ente otras. Asimismo, se habló de conformar una mesa de trabajo donde, además de los productores tamberos, también estén representadas las usinas lácteas y el sector comercial.
El estrés térmico generado por la ola de calor de comienzos de año afectó el rodeo lechero en la principal cuenca productora del país (Santa Fe y Córdoba) lo que sumado a las intensas lluvias e inundaciones registradas en abril, impactó negativamente en el sector productor, que alega un “ahogo financiero” y reclama un precio mayor a los 3 pesos por el litro de leche que paga la industria. Desde el gobierno ratificaron que no existen “topes” al precio de la leche y, más allá de reconocer dificultades coyunturales, sostienen la necesidad de compatibilizar medidas de mediano y largo plazo con los diversos sectores que intervienen en la actividad, entre ellas acortar los plazos en la cadena de pagos. Hoy las usinas lácteas pagan a los productores a 60 días bajo el argumento de que esa imposición viene dada por las condiciones que a su vez plantea el sector comercial. De allí la convocatoria a las tres partes a conformar una mesa de diálogo
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