En medio de un duro conflicto en el que los empleados de la cartera laboral reclana la reincorporación de 280 despedidos, Trabajo le inició causas judiciales a sus delegados. Pretende desviar el conflicto, dijeron desde ATE.
La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Trabajo rechazó la decisión de esa cartera de iniciar “acciones judiciales en perjuicio de algunos delegados”, labradas en “la Unidad Fiscal Penal y de Contravenciones número 6 por obstrucción de la vía pública y daños ocasionados en el edificio”.
La Dirección de Prensa y Comunicación de la cartera laboral señaló en un comunicado que “delegados de la ATE y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) cortaron la totalidad de la Avenida Leandro N. Alem e ingresaron luego en el edificio rompiendo portones, arrojando piedras contra las ventanas y causando disturbios en diversos sectores” de esa dependencia.
La ATE aseveró que esa denuncia “es falsa” y explicó que “la protesta realizada por la ATE-Trabajo consistió en permanecer de forma pacífica en el Ministerio, y se inició el mediodía del miércoles último ante la ausencia de respuestas de las autoridades al reclamo de reincorporación de los empleados despedidos”.
“La medida de fuerza se realizó con total normalidad durante la noche y, desde las primeras horas de ayer, cientos de compañeros se manifestaron de manera pacífica en el marco de la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, señaló el gremio.
La acción gremial concluyó con una radio abierta frente a las puertas de Alem 650, que “se decidió interrumpir por no estar dadas las condiciones y mientras se producía una protesta de otras organizaciones populares en el lugar”, añadió la Junta Interna.
“En ese contexto, los delegados de la ATE-Trabajo organizaron la desconcentración hacia Plaza Roma, donde se aguardó hasta que se dieran las condiciones para reingresar a los edificios de la sede central. Todo lo actuado siguió la técnica de las intervenciones y acciones gremiales habituales, pacíficas y afirmadas en la legitimidad y justicia de los reclamos”, agregó la Junta.
Para los delegados sindicales, “la acusación ministerial es totalmente falsa y calumniosa en procura de desviar el eje del conflicto para convertirlo en un hecho judicial”, añadió.
Los delegados aseveraron que el sector continuará los reclamos hasta que las autoridades resuelvan el conflicto gremial, que lleva 50 días, con la reincorporación de los cesanteados.
