Los jueces que anularon las elecciones provinciales en Tucumán del 23 de agosto, Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, integrantes de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fueron denunciados penalmente y acusados por los delitos de sedición y prevaricato y mediante el planteo se pidió además la pena privativa de libertad y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La presentación judicial fue presentada por los dirigentes justicialistas Javier Noguera y Darío Monteros, que también denunciaron penalmente a los promotores del planteo y líderes del Acuerdo para el Bicentenario, el diputado nacional José Cano y el intendente capitalinoDomingo Amaya.
Mediante un escrito de 18 carillas, los protagonistas del fallo judicial que anuló los comicios del provincias fueron acusaron de la presunta comisión de los delitos de sedición(alzamiento colectivo y violento contra la autoridad o el orden público) y prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta).
Noguera y Monteros fueron candidatos a intendente de Tafí Viejo y de Banda del Río Salí, respectivamente, a través del acople oficialista “Acción Regional” y, según el escrutinio definitivo de la Junta Electoral Provincial ganaron en esas jurisdicciones.
