El testigo clave para condenar a Boudou creó una SAS, una sociedad sin controles, para administrar el hotel boutique que le entregó el gobierno de Macri a cambio de su testimonio en el caso Ciccone.
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En 2020 El Destape reveló que el macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Paul Vandenbroele, el testigo clave para lograr la condena contra Amado Boudou en el caso Ciccone. Todo está comprobado y documentado. Boudou terminó condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Vandenbroele la sacó barata: 2 años de prisión en suspenso y obligación de hacer tareas comunitarias. Boudou ya cumplió su condena; Vandenbroele todavía tiene el hotel y hace pocos días creó una sociedad express para administrarlo.
La sociedad se llama “La Masía SAS”, el nombre que Vandenbroele le puso al emprendimiento con fondos públicos entregados por el PRO. Una SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, es una creación también del macrismo para armar sociedades en pocas horas y sin controles. Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) -el organismo que controla el funcionamiento de las sociedades- las describió como “un monumento a la opacidad” y “el corazón de la corrupción macrista“. Una SAS marida bien con un emprendimiento entregado por el gobierno de Macri a un testigo clave del lawfare.
El dato de la creación de esta SAS lo publicó el portal Memo de Mendoza que, sin embargo, publicó la versión Vandenbroele de esta historia donde despega al macrismo y no mencionó la investigación documentada de El Destape donde consta cómo el gobierno de Mauricio Macri le pagó justo después de su testimonio.
La creación de “La Masía SAS” está en el Boletín Oficial de Mendoza del 5 de julio. Detalla que Vandenbroele la constituyó el 15 de junio pasado. Es el único socio. Como objeto social, su actividad, puso turismo y hotelería. Como capital social declaró 200.000 pesos. Según el portal Booking la noche en el hotel boutique de Vandenbroele cuesta alrededor de 33.000 pesos, así que todo su capital es una semana de alojamiento en una habitación simple.
Hotel PRO
Vandenbroele ingresó al programa de Protección de Testigos el 13 de noviembre de 2017. Su legajo, al que accedió El Destape, muestra que estaba todo coordinado entre el juez Ariel Lijo, que tenía a su cargo el caso Ciccone, y el gobierno de Macri. Que los diversos pagos del gobierno de Macri a Vandenbroele fueron para lograr la condena de Boudou lo indican los documentos de su legajo, publicados por El Destape. Para manejar el caso Vandenbroele, el director del programa Lagos designó a Carlos Linsalata. Su rol es clave. Se trata de un policía porteño que migró al Ministerio de Justicia y específicamente al programa de Protección de Testigos para encargarse del seguimiento de los arrepentidos que interesaban a Macri y su séquito de operadores judiciales.
El 24 de agosto de 2018 Linsalata envió una nota a sus superiores, que consta en la foja 515 del legajo al que accedió El Destape, donde pide $1.500.000 para un proyecto laboral para Vandenbroele. Da en la nota una información clave: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”. Era hora del pago por objetivo cumplido.
En la sentencia contra Boudou queda claro que los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez le dieron “carácter confesorio” a la declaración de Vandenbroele. Allí consta: “como a nadie escapa, casi 8 años después, Alejandro Paul Vandenbroele, al prestar declaración en el debate quebró el pacto de silencio, confesó su participación en los hechos y brindó un relato pormenorizado sobre algunos sucesos relevantes de la causa, en los que tomó parte o pudo conocer de diversas maneras”. Los jueces también dicen que la de Vandenbroele fue una “clara y sincera confesión”, que respecto a las denuncias contra Boudou y los demás imputados, “al momento de prestar declaración, Vandenbroele vertió un genuino relato confesorio” que “ha contribuido a acreditarlos en parte y a sustentar las imputaciones que, la Fiscalía y las querellas”.
Incluso la jueza López Iñiguez, cuyo voto tuvo diferencias con los de los jueces Costabel y Bertuzzi, describe “la confesión de Alejandro Vandenbroele (como) hilo conductor ineludible, en muchos aspectos, de los hechos aquí probados” y le da a “esta confesión un peso significativo y un rol central en la explicación de los hechos” y afirma que “la prueba (sobretodo la documental) se ordena armónicamente alrededor de su versión”. En criollo, sin el testimonio amañado de Vandenbroele no tenían nada.
Fue un relato armado para la ocasión y bien pago. Con un dato no menor: el presidente del tribunal que condenó a Boudou era Pablo Bertuzzi, premiado por Macri con un cargo a dedo en la Cámara Federal de Comodoro Py que mantiene hasta el día de hoy. Tuvo el mínimo decoro de no intervenir en los sobreseimientos de los involucrados en el caso del hotel pero sus colegas Llorens y Bruglia hicieron el trabajo.
Hotel Py
¿Qué pasó con la causa donde se tenía que investigar el pago del hotel a Vandenbroele por parte del macrismo? Nada. El caso avanzó mientras la investigación estuvo a cargo de la fiscala Paloma Ochoa. Pero, tal como informó El Destape, el juez Julián Ercolini la desplazó de la investigación y luego sobreseyó a todos los involucrados: el ex ministro de Justicia Germán Garavano y ex el director del programa de Protección de Testigos Francisco Lagos. ¿Habrá viajado Ercolini al hotel de Vandenbroele así como viajó a Lago Escondido?
La decisión de Ercolini fue confirmada luego por los camaristas Mariano Llorens, que se reunía con Macri en Olivos, y por Leopoldo Bruglia, designado a dedo por Macri.
La fiscala Ochoa había establecido que Garavano y Lagos “destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”. La fiscala dio por acreditado que “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado (Vandenbroele) asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa” y “destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”. La fiscala no lo puede decir, pero justificación había. Lo que pasa es que no era legal.
Ochoa destacó que:
- Mantuvieron a Vandenbroele 2 años y 3 meses en el Programa de Protección de Testigos cuando la ley permitía 6 meses
- Le dieron grandes sumas de dinero, incluidos los fondos para el hotel boutique, luego de que se cumplieran los 6 meses que prevé la ley-
- Invirtieron en Vandenbroele $4.478.559, suma récord entre los testigos protegidos.
- No lo excluyeron del programa pese a reiterados incumplimientos como una reunión secreta y manejar ebrio con su hija.
“Cabe aclarar que el beneficiario de toda la maniobra Alejandro Paul Vandenbroele deberá igualmente responder en calidad de partícipe necesario”, agregó la fiscala Ochoa cuando pidió las indagatorias de todos los involucrados. El juez Ercolini se encargó de que no pasara a mayores.
La fiscala Ochoa comparó también lo que se gastó en Vandenbroele con otros testigos protegidos. Al testigo clave contra Boudou le dieron un total de $4.478.559. De los 124 legajos similares, solo 14 registraron gastos por más de $500.000s, sólo 8 por más de $1.000.000, sólo 4 por más de $1.500.000, sólo 3 por más de $2.000.000 y uno por más de $3.000.000. El único que superó los 4 millones fue Vandenbroele.
Buena parte de ese dinero fue autorizado directamente por el entonces ministro de Justicia Garavano. Por ejemplo, el 4 de mayo de 2018 firmó una resolución donde destinó $680.000 para la relocalización provisoria de Vandenbroele en Mendoza. Otra buena parte la autorizaba Lagos, el ex director del Programa de Protección de Testigos. Por ejemplo, $1.813.866 también para la “relocalización y supervivencia diaria de Vandenbroele”. “Todo ello -agregó Ochoa- sin contar los gastos derivados de las custodias, traslados, ‘compensaciones’ y demás medidas de seguridad”
Es evidente que Vandenbroele tuvo un trato preferencial. La razón es también evidente: condenar a Boudou. Lo que no encuentra razones es que aún mantenga el hotel producto de ese pago. Y, para colmo, con una sociedad express también creada por el macrismo.
fuente el destape
