Organismos de Derechos Humanos presentaron 100 hábeas corpus preventivos para resguardar la seguridad de las víctimas y sus allegados. Los dos últimos beneficiados son Jorge Lazarte y Francisco Ledesma. Se sumarían otros ocho en el corto plazo. Es en las causas Megacausa Jefatura II Arsenales II y en la de Villa Urquiza. Duras críticas a la Cámara de Casación.
De a poco, la provincia de Tucumán se está llenando de represores en libertad. Ya son 32 los condenados por violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura cívico-militar que fueron excarcelados o enviados a sus domicilios por dos fallos de la Cámara de Casación. Y en el corto plazo podrían sumarse otros ocho casos.
Según consignó Tiempo Argentino, dos días antes de la Navidad del año pasado, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 18 años de prisión a Jorge Omar Lazarte y a 16, a Francisco Alfredo Ledesma en el juicio por crímenes en el penal de Villa Urquiza. En el mismo fallo, revocó la prisión domiciliaria de Ledesma, un ex agente penitenciario, y ordenó que fuera enviado a prisión al igual que Lazarte.
En pleno receso de verano, ante un recurso de las defensas oficiales, la Sala de Feria de la Cámara de Casación, integrada por los magistrados Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, ordenó la liberación de los dos condenados hasta que haya una sentencia firme. “Corresponde restablecer el statu quo del que gozaban los encausados antes del debate oral y público”, coincidieron los tres.
La presentación también incluía al ex comisario Roberto Albornoz, pero no recuperó su libertad porque tiene condena firme en una causa anterior.
En 2013, el coronel retirado Lazarte también resultó condenado en la Megacausa Jefatura II Arsenales II, donde fue beneficiado una vez más. Junto con él, fueron liberados o enviados a prisión domiciliaria otros 29 represores encontrados culpables.
Todos fueron puestos en libertad en noviembre del año pasado, al cumplirse casi un año de la histórica condena a 37 de los 41 imputados en el Megajuicio “Arsenales II-Jefatura II”. En esa ocasión, la Sala III de Casación tomó la decisión por una falta de fundamentación del tribunal. La integración de la sala era idéntica.
¿OTROS OCHO? Pronto el número de represores beneficiados podría pasar a cuarenta.
A partir de aquellos antecedentes, se espera la presentación de las defensas particulares de los otros ocho condenados en el juicio de Villa Urquiza, tres de ellos con perpetua, que podrían quedar en libertad al aplicar el mismo criterio.
En las dos causas, la historia empieza un poco antes. Casi ninguno de los acusados había sido detenidos por el Juzgado de Instrucción que investigó la causa, a pesar de los pedidos de la Fiscalía. Recién con el juicio oral, el TOF de Tucumán les dictó prisión preventiva.
Los camaristas consideraron que esa medida, para asegurar su comparecencia al debate, era excepcional y no podría extenderse más allá del juicio, por lo que los liberó hasta que la sentencia sea confirmada. La clave está allí: el plazo entre la sentencia y su confirmación es de varios años y muchos condenados mueren sin sentencia firme, quedando sobreseídos por muerte a pesar de los fallos en su contra.
RIESGO DE FUGA. “Nos parece escandaloso. Creemos que hay razones más que suficientes para sostener que existe el riesgo procesal con estas personas en libertad. Tienen penas altas por delitos muy graves, algunos de ellos mantienen sus vínculos y el riesgo de fuga aumenta exponencialmente después de la sentencia”, explicó el fiscal federal Pablo Camuña, que tiene a su cargo la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad de Tucumán.
En ambos casos, la fiscalía apeló la decisión de Casación. Además del riesgo de fuga y a la seguridad de testigos y querellantes, el fiscal destacó que los condenados están sometidos a otros procesos y conservan la capacidad para obstruir las investigaciones en curso.
“Los fallos tienen muchos aspectos que nos llaman la atención y que fueron desatendidos. Lo que parecía ser hasta ahora un criterio restrictivo de la Cámara de Casación, ahora es un criterio universal. Pareciera que no va a haber detenidos condenados por delitos de lesa humanidad hasta que queden firmes los fallos”, se lamentó Camuña.
El fiscal resaltó que el fallo en la causa Villa Urquiza se resolvió en apenas 15 días, durante la feria judicial, y antes incluso de que el Tribunal Oral Federal de Tucumán diera a conocer los fundamentos de la sentencia, pautada para el 23 de febrero próximo.
Cuestionó además el excesivo celo de los magistrados en este caso: “Debería funcionar siempre para todos los casos, pero está muy lejos de los tiempos que venían aplicando.”
Para la Julia Vitar, abogada querellante en ambos juicios, además de razones jurídicas hay detrás cuestiones políticas. “Es una profundización de la postura anterior de Casación y marca claramente una tendencia lamentable del Tribunal, al menos esa sala, con los juicios de lesa humanidad y la condición en la que van a permanecer los condenados hasta que esas sentencias queden firmes”, explicó la abogada desde Tucumán.
Para la letrada, estos fallos son parte de “una serie de movimientos de índole político en el Poder Judicial que tienen que ver con el contexto de disputa que comenzó con la discusión sobre la democratización de la justicia y la reforma del Código Procesal Penal”.
Señaló además que estos sectores más conservadores que se oponen al aggiornamiento del sistema de justicia “son los mismos –advirtió– que abogan para que los juicios por delitos de lesa humanidad sean sólo una declaración de principios porque, siendo personas añosas, los largos tiempos judiciales provocan que la sentencia sea abstracta”.
CONMOCIÓN SOCIAL. La comunidad de Derechos Humanos que acompañó el megajuicio “Arsenales II-Jefatura II” y el de Villa Urquiza, testigos, víctimas, querellantes y familiares, quedó conmovida por la noticia de que una treintena de represores condenados fueron liberados o enviados a sus casas pero, a pesar de las movilizaciones y presentaciones judiciales, no lograron revertirla.
A fines de noviembre, presentaron 100 hábeas corpus preventivos para resguardar la seguridad de testigos y sobrevivientes. Allí, los organismos de Derechos Humanos, entre ellos Madres de Tucumán, la Asociación de ex Presos Políticos e HIJOS, denunciaron que la liberación de los condenados “pone en riesgo la integridad física, psíquica y moral de quienes atestiguaron sobre los vejámenes a los que fueron sometidos por quienes hoy deambulan en libertad por la provincia”.
Y sostuvieron que el hecho “vulnera claramente garantías de rango constitucional de reconocimiento a los derechos de víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado”.
Los organismos destacaron también que los excarcelados “fueron condenados por delitos de lesa humanidad, los más graves que prevé el ordenamiento jurídico, y que muchos revestían cargos de oficiales de inteligencia, es decir, eran los encargados del armado de la logística del plan represivo”.
El Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, hizo lugar al planteo, pidió al Programa de Protección de Testigos que evalúe los riesgos de algunos testigos y dispuso una medida de restricción de acercamiento al comisario retirado Miguel Ángel Chuchuy Linares sobre dos querellantes. Una medida paliativa, pero que no repara el daño causado a las víctimas y sus familias.
IMPUNIDAD. “El principal elemento de estos fallos de Casación es que desalienta a las víctimas y familiares a seguir declarando e impulsando los juicios: después del esfuerzo de declarar en una audiencia, enfrentar a los imputados, las defensas, esto es un mensaje pésimo para la sociedad en términos de justicia concreta”, sostuvo Vitar, y manifestó que “deja la sensación de impunidad y de temor”.
“El principal efecto nocivo de estas sentencias es el impacto social. Las víctimas, familiares y testigos que permitieron con sus testimonios reunir la prueba para condenar a esas personas, ahora están en un estado de vulnerabilidad. Con la obvia sensación de impunidad que trae aparejada la liberación. Hay que tener en cuenta la gravedad de los delitos y la pena, hay una persona condenada como partícipe necesario de muchos homicidios y está libre”, opinó Camuña.
El prontuario de algunos de los “beneficiados”
En el juicio por la causa Villa Urquiza se juzgaron los delitos cometidos contra 39 presos políticos detenidos allí. Francisco Ledesma es un ex guardiacárcel del penal de Villa Urquiza. Allí, tras el golpe de Estado, el pabellón E pasó a ser un centro clandestino de detención para presos “subversivos” y comenzó a llamarse ‘pabellón de la muerte’ y las torturas y malos tratos estaban a la orden del día. Fue condenado a 16 años de prisión.
Jorge Lazarte, por su parte, es un coronel retirado. Su rol era de supervisor militar del departamento de inteligencia de la Policía de Tucumán, conocido como D2. Especializado en inteligencia, se desempeñó tanto en Tucumán como en el Batallón 601, en la Ciudad de Buenos Aires. Por un breve tiempo, llegó a ser subjefe de la policía de esa provincia. Fue condenado a 18 años de prisión en el juicio de Villa Urquiza y a 10 años en Arsenales II-Jefatura II.
Ramón Ojeda Fuente es un capitán retirado del Ejército y se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, del que llegó a ser jefe del grupo Situación Subversiva. Fue condenado a 20 años de prisión en el juicio Arsenales II-Jefatura II como autor de 20 homicidios agravados y numerosos casos de secuestros y torturas.
Alberto Montes de Oca fue jefe de guardia de Gendarmería. Ernesto Rivero, también gendarme. Estuvieron destinados en el centro clandestino de detención Arsenales. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión en el juicio Arsenales II-Jefatura II por cerca de 50 secuestros y por violación sexual agravada.
Benito Palomo fue condenado a 18 años de prisión. Fue Segundo Comandante de Gendarmería en Tucumán y llegó a ser Comandante hasta su retiro en 2003. Fue encontrado culpable por una veintena de secuestros.
Juicio Villa Urquiza
A continuación los represores beneficiados con la liberación debido a que sus condenas no se encuentran firmes y pese al temor de fuga que tienen las víctimas:
LIBERADOS
Jorge Lazarte (18 años)
Francisco Ledesma (16 años)
Arsenales II – Jefatura II
A continuación, la lista de los represores –ex policías y militares– que fueron beneficiados con la liberación hasta que queden firmes las sentencias contra ellos o con la prisión domiciliaria.
La decisión de la justicia tucumana puso en alerta a los organismos que reúnen a las víctimas de la dictadura cívico-militar y a sus allegdos, que en noviembre de 2014 presentaron 100 hábeas corpus preventivos para resguardar la inegridad y seguridad de quienes sobrevivieron a los crímenes de los represores.
LIBRES
Ramón Jodar (4 años)
María Acosta (10 años)
Miguel Chuchuy Linares (14 años)
Hugo Figueroa (16 años)
Pedro Pateris (10 años)
Guillermo Ugarte (15 años)
Antonio Vercellone (16 años)
Oscar Gómez (16 años)
Félix Insaurralde (16 años)
Benito Palomo (18 años)
Fernando Torres (16 años)
Ramón Ojeda Fuente (20 años)
Hugo Soto (15 años)
Alberto Montes de Oca (18 años)
Ernesto Rivero (18 años)
José Sowinski (17 años)
DOMICILIARIA
Luis De Cándido (perpetua)
Ángel Moreno (16 años)
Ramón Cooke (16 años)
Juan Abraham (16 años)
Ricardo Sánchez (perpetua)
Rolando Reyes Quintana (16 años)
Luis Ocaranza (10 años)
Mario D’Ursi (12 años)
Augusto Neme (18 años)
Luis Varela (perpetua)
Adolfo Moore (20 años)
Tomás Güemes (18 años)
Sospechosas similitudes en Salta
En julio de 2014 la misma situación se repitió en Salta. Quince condenados en la Megacausa Salta, la mitad de ellos a cadena perpetua, fueron liberados por la misma Sala III de Casación. Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con la disidencia de Ana María Figueroa.
Los liberados fueron los ex militares Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Virtom Mendíaz; el policía retirado Joaquín Guil; el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray y los policías retirados Julio Oscar Correa, Víctor Hugo Almirón, Felipe Caucotta y Ramón Jacinto Vivas, y del civil Juan Manuel Ovalle. Además, se beneficiaron el ex jefe del Regimiento de Monte 28, Héctor Ríos Ereñú; el ex segundo jefe del Ejército en Salta, Joaquín Cornejo Alemán; el ex jefe de Personal de la Guarnición Ejército Salta, Ricardo Benjamín de la Vega, y los policías retirados Mario Pachao y Raúl Toledano.
Al igual que en el juicio de Villa Urquiza, el Tribunal Oral Federal de Salta había dispuesto que la pena en todos los casos fuera de cumplimiento efectivo y envió a prisión común a todos los condenados en libertad o domiciliaria. El fallo de Casación volvió la situación de los condenados al momento previo del juicio oral hasta que la Corte Suprema deje firme la sentencia.
infonews
