La empresa constructora de la Armada, Coviara, entra en crisis: los empleados iniciaron una huelga de tres días en reclamo por salarios adeudados, condiciones laborales y certezas sobre el futuro de la compañía. Es el segundo paro en lo que va de la gestión de Luis Petri y el primer conflicto en la historia de la firma.
Los trabajadores de Coviara, la constructora vinculada a la Armada y al Ministerio de Defensa, comenzaron este lunes un paro de 72 horas que se extenderá hasta el miércoles 24 de septiembre. La medida, anunciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), busca visibilizar el incumplimiento en el pago de sueldos correspondientes a agosto, paritarias y bonificaciones atrasadas, además de exigir respuestas sobre la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo.
El gremio comunicó la decisión a través de una carta dirigida a Leonardo Salvini, presidente de Coviara, donde también solicitó una reunión urgente para discutir la reactivación de la compañía y frenar lo que califican como una política de ajuste que amenaza la estabilidad laboral de sus 38 empleados.
Fundada hace 60 años para la construcción de viviendas de la Armada y luego ampliada a otros proyectos de Defensa, Coviara atraviesa su peor crisis. Según fuentes internas, arrastra deudas por más de 1.200 millones de pesos con proveedores, no paga en tiempo y forma los salarios ni las cargas sociales, y ni siquiera puede afrontar las expensas del edificio donde funcionan sus oficinas.
“Recibieron la empresa con un superávit de entre 40 y 50 millones por año. Ligero, pero superávit al fin. Y ahora deben más de mil millones”, advirtió un empleado, que recordó que hasta 2024 Coviara era considerada un “paradigma” de estabilidad: nunca había tenido paros ni conflictos gremiales, ya que la mayoría de su personal provenía de familias militares o profesionales afines.
La situación de Coviara se suma a otros frentes de conflicto en la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa: el recorte en la cobertura de la obra social militar (IOSFA), la crisis del Instituto Dámaso Centeno, los rumores de cierre del Hospital Naval y la eliminación del Fondo de Defensa en el Presupuesto 2026, que compromete el financiamiento de las Fuerzas Armadas y la operación de los aviones F-16.
En agosto, los trabajadores ya habían sido notificados para evaluar una eventual relocalización en otras áreas, propuesta que rechazaron por falta de precisiones. Días después, el ministerio desplazó a Mario Katzenell, secretario de Investigación y Producción para la Defensa, que tenía bajo su órbita la firma, y en su lugar designó a Luciana Carrasco, jefa de Gabinete de la cartera, en lo que se interpretó como una intervención.
Con este nuevo paro –el segundo desde julio y el primer conflicto en la historia de la empresa–, los trabajadores exigen el pago inmediato de salarios y aportes atrasados, la apertura de paritarias, mejores condiciones de higiene y seguridad, y una definición clara sobre el futuro de Coviara.
“La continuidad de la empresa está en juego y con ella, nuestra fuente de trabajo”, advirtieron desde ATE, que volvió a insistir en una mesa de diálogo urgente con las autoridades.
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