A 50 días del cierre sorpresivo de Bunge, los 200 operarios de la planta de fertilizantes de Campana aguardan una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Las indemnizaciones ya fueron depositadas, pero el sindicato sostiene que la situación aún puede revertirse. “Nos quedaremos hasta el final”, advirtieron, mientras denuncian la ausencia de los intendentes de Campana y Zárate y el silencio de la empresa.
La planta de Bunge en Campana, una de las más antiguas del polo industrial del norte bonaerense, cerró sus puertas de manera sorpresiva el pasado 26 de octubre, dejando a 200 familias sin empleo de un día para el otro. Lejos de resignarse, los trabajadores mantienen un acampe frente a la fábrica y aguardan una nueva audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, fijada para este jueves 5 de noviembre, con la expectativa de que la empresa finalmente brinde explicaciones y se abra una posibilidad concreta de reapertura.
La incertidumbre persiste a pesar de que la compañía ya depositó las indemnizaciones. El secretario general del Sindicato Químico y Petroquímico de la seccional Zárate, Oscar Pasco, fue categórico al señalar que el conflicto no está cerrado: “No sería la primera vez que depositan las indemnizaciones, pero se vuelve a trabajar y se devuelve el dinero”. En ese sentido, el dirigente sostuvo que la expectativa está puesta en que la audiencia “no sea una maniobra” y que permita sentarse a discutir si existe alguna posibilidad de seguir operando. “Nos quedaremos hasta el final”, ratificó.
El conflicto, que involucra a 110 trabajadores directos y a unos 250 si se suman los tercerizados, se enmarca en un contexto de crisis profunda para la industria química y petroquímica de la región. Los trabajadores, en su mayoría mayores de 50 años y con décadas de trayectoria en la planta, denuncian que la apertura indiscriminada de importaciones y el incremento de los costos, especialmente del azufre, tornaron inviable la actividad. La empresa, por su parte, no emitió un parte oficial, pero algunos gerentes atribuyeron la decisión a la falta de competitividad frente a los fertilizantes importados.
La resistencia de los operarios cuenta con el respaldo de las 62 Organizaciones Peronistas de Zárate y de la diputada provincial Soledad Alonso, quien presentó un proyecto en la Legislatura para manifestar la preocupación por el cierre. Sin embargo, el acompañamiento institucional brilló por su ausencia: ni el intendente de Campana, Sebastián Abella, ni el de Zárate, Marcelo Matzkin, ambos del PRO, se comunicaron con los trabajadores. “Los dos son libertarios, y en ningún momento se preocuparon, arrimaron ni consultaron, sólo vinieron concejales del PJ de los distritos”, cuestionó Pasco.
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