El ascenso meteórico se dio entre enero y mayo de este año. Implica suspensiones y por consiguiente el cobro parcial de sus salarios. Con procedimientos que suelen aplicarse por tres meses, con posibilidad de renovación hasta un año. Al cabo del plazo se supone que la firma logró reacomodarse o, si no es el caso, inicia un proceso de cierre.
Durante los primeros cinco meses de este año, el deterioro laboral volvió a dar un salto en Córdoba luego de cierta desaceleración parcial que registró en todo el primer tramo de 2025. Así los muestran los indicadores de conflictividad que elabora el Ministerio de Trabajo y Justicia, cartera que debió mediar en mayor cantidad de procedimientos preventivos de crisis (PPC) y conflictos individuales entre empleadores y trabajadores.
Según los registros de su Secretaría de Trabajo, que reveló La Voz del Interior, el número de empleados afectados por PPC saltó de 3.330 en enero a 6.006 en mayo (al 8 del mes). Este incremento representa una suba del 80% en el volumen de trabajadores suspendidos o con reducciones de jornada y, por consiguiente, cobro parcial de sueldos (entre el 50% y 75% en la mayoría de los casos).
Vale recordar que los PPC son un mecanismo previsto por ley para ayudar a las empresas a transitar momentos de fuerte caída de actividad. En ese marco, entre otras posibilidades, pueden negociar con sindicatos –bajo la tutela de Trabajo– y acordar condiciones especiales como suspensiones con el fin de evitar despidos. Bajan el costo laboral mientras buscan cómo sortear el bajón.
Suelen aplicarse por tres meses, con posibilidad de renovación hasta un año. Al cabo del plazo se supone que la firma logró reacomodarse o, si no es el caso, inicia un proceso de cierre. Por eso los PPC son un termómetro del riesgo sobre el empleo formal y de mayor calidad, ya que a ellos acceden las unidades productivas en regla.
El informe de Trabajo detalla que el número de empresas involucradas en estos procesos también ascendió: de 34 firmas con PPC vigentes en enero llegó a 40 a mitad de mayo. Sobre esos procedimientos aprobados, hay otros 17 solicitados y en trámite ante las autoridades.
En la industria y la provisión de servicios a gran escala (seguridad, por ejemplo) se concentran la mayor parte de los PPC.
Julián López, ministro de Justicia y Trabajo, describió al mismo diario un panorama que preocupa debido a la caída nacional de actividad en sectores de alto empleo: “Desde fines de 2023 a fin de 2025, Córdoba perdió 3.971 empresas y unos 14.600 puestos de trabajo formales”.
Cuando se analiza el alcance de los procedimientos de crisis por tipo de actividad, hay dos sectores que por escala destacan: la industria automotriz y las empresas de vigilancia, ambas con plateles numerosos de trabajadores.
Los expedientes vinculados a terminales automotrices en la ciudad de Córdoba y a una planta autopartista en San Francisco agrupan a cerca de 3.000 trabajadores afectados. Esta cifra representa el 50% del total provincial registrado hasta mayo de 2026.
En estos establecimientos, los acuerdos vigentes establecen regímenes de suspensiones y pagos de sumas no remunerativas que promedian entre el 65% y el 75% del salario neto.
Por su parte, el rubro de la seguridad privada mantiene una participación relevante y sostenida en el mapa de conflictividad. Cerca de 10 empresas de este sector atraviesan procedimientos de crisis que alcanzan a aproximadamente 2.000 empleados. Este segmento explica un tercio de la totalidad de trabajadores bajo medidas de reducción o suspensión en la provincia.
Los acuerdos en este rubro suelen contemplar el pago del 75% de los haberes bajo conceptos no remunerativos durante los periodos de inactividad.
Otros rubros con menor incidencia relativa pero con expedientes abiertos incluyen a la industria metalúrgica. Los empleadores de esta rama manifiestan ante la autoridad laboral la imposibilidad de afrontar el pago de salarios debido al impacto de la apertura de importaciones. En sectores como el plástico y la madera, las empresas reportan falta de ventas y situaciones que derivan en procesos de cierre de unidades productivas.
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