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INFOnews
La política, como la vida, está llena de paradojas. Y esta nota comienza, justamente, con una paradoja. En diciembre de 2011, tras un largo debate, se sancionó la Ley 26.734, que modificó el Código Penal para incluir la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y que enseguida se hizo famosa por el nombre con el que la bautizaron: Ley Antiterrorista. El artículo 6 de esa ley faculta a la Unidad de Información Financiera (UIF) a ordenar, a través de una resolución administrativa, el congelamiento de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de aquellas personas físicas o jurídicas que hayan cometido delitos definidos como terrorismo y que se encuentren en condición de prófugos.
En aplicación de esa potestad, el titular de la UIF, José Sbattella, firmó hace dos semanas una resolución que congeló los movimientos bancarios y de tarjeta de crédito de alrededor de 40 represores acusados de delitos de lesa humanidad que se encuentran prófugos de la justicia. La paralización de las cuentas no es un hecho menor porque esa medida, lo prueba la realidad, puede contribuir a la captura de los fugados. Eso fue lo que sucedió con Héctor Gianola (comisario retirado de la policía de Santa Fe) y con Sebastián Nicolás (ex personal civil de Inteligencia del Ejército, destacamento 121 de Rosario). Ambos fueron detenidos en la provincia de Santa Fe (el primero en Rosario, el segundo en la localidad de Olivera), hace quince días.
