El eje de esta intervención es mantener las fuentes de trabajo y “garantizar el crecimiento del comercio exterior a través del único puerto de administración federal del país”, soslayaron desde el Ministerio de Transporte.
El Gobierno oficializó la derogación del decreto que había promovido la gestión macrista sobre el Puerto de Buenos Aires a través de una norma tendiente a generar un monopolio extranjero. El eje de esta intervención es mantener las fuentes de trabajo y “garantizar el crecimiento del comercio exterior a través del único puerto de administración federal del país”, soslayaron desde el Ministerio de Transporte.
En un acto realizado esta tarde en la Casa Rosada y ante más de un centenar de dirigentes, se hizo oficial la derogación del decreto 870/18, el cual buscaba despojar de “una política estratégica a esa terminal”, informaron los gremios del sector. Un documento de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), que encabeza Juan Carlos Schmid, sostuvo que en el acto acompañaron al presidente Alberto Fernández y a integrantes del Gabinete nacional los dirigentes sindicales que integran la organización marítima, portuaria y de la industria naval nacional.
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Schmid ratificó la tarea realizada por los ministros de Trabajo y Transporte, Raquel Olmos y Diego Giuliano, y sostuvo que ambos funcionarios “dieron el puntapié final para reivindicar los reclamos que se produjeron durante casi un lustro para derogar el decreto”. El decreto determinó la utilización de una única terminal operativa, en tanto con su derogación el Gobierno promueve ahora el uso y operación de dos terminales (interior y exterior) del puerto metropolitano y el mantenimiento de los puestos de trabajo. “En 2018, mientras se lograba sostener las fuentes laborales en el Puerto de Buenos Aires con resistencia y lucha, Mauricio Macri puso en marcha un dispositivo legislativo que implicó otra vez el resquebrajamiento de la golpeada estructura portuaria”, dijo Schmid.
El dirigente, que integra el consejo directivo de la CGT, sostuvo que “la respuesta a esa situación fue contundente con unidad, organización, paros y movilizaciones, que demostraron la firmeza gremial ante una medida nociva para el comercio exterior”.
La cartera a cargo de Giuliano será el organismo que avanzará en el llamado a licitación público nacional e internacional de las terminales interior y exterior del Puerto Buenos Aires, con la premisa puesta en no interrumpir las operaciones y mantener los puestos de trabajo. La Administración General de Puertos (AGP), cuyo interventor es José Beni, adecuará los contratos de concesión vigentes en las terminales 1, 2, 3 y 4 del Puerto Buenos Aires para asegurar una correcta transición en el proceso, hasta que se adjudique el servicio a los nuevos concesionarios.
Amplian la denuncia contra funcionario del macrismo por la venta de terrenos portuarios
La Oficina Anticorrupción (OA) endureció las acusaciones contra Jorge Metz, subsecretario de Puertos del macrismo, que puso la firma de la resolución que habilitó la quita de un 30% de la jurisdicción portuaria del Estado y generó un inmenso negocio inmobiliario objetado en la justicia. En su dictamen, la OA resaltó que la resolución fue el puntapié para una serie de hechos que “están siendo investigados penalmente, que siguen el negociado inmobiliario realizado con esos terrenos”. Puntualmente, señala que “constituyó el requisito esencial de carácter previo que sirvió de causa para el dictado de actos subsecuentes (…) que tuvieron por objeto los terrenos excluidos del Puerto de Buenos Aires. En tal sentido, la nulidad absoluta se proyectaría sobre todo acto administrativo que la haya tenido como sustento jurídico”.
Tan cuestionada fue la norma que distintos informes señalaron su absoluta nulidad, y terminó siendo anulada formalmente por el actual subsecretario de Puertos, Patricio Hogan, en enero de este año. La resolución estuvo basada en los informes técnicos de la Jefatura de Gabinete, que consultó a la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) los motivos de la venta de esos terrenos, así como a la SIGEN, la Procuración del Tesoro Nacional y a la propia Subsecretaría.
Todos los organismos llegaron a la misma conclusión: la jurisdicción portuaria fue definida por una ley del Congreso Nacional, y su modificación debía seguir ese mismo camino. La Subsecretaría de Puertos no tenía las facultades para tomar esa decisión. Además, se objetó que no hubo ningún informe técnico que avalara ese cambio de delimitación.
fuente el destape
