La paupérrima situación de los jornaleros mexicanos es una problemática que se arrastra desde un pasado remoto, pero que se mantiene vigente y toca a parte de la clase política en México, como el ex presidente Vicente Fox.
Según consignó Tiempo Argentino en su edición de hoy, de acuerdo con la Fundación Walk Free, hay en México 266.900 personas bajo esclavitud moderna, teniendo en cuenta factores como la trata de personas, el trabajo forzado, la servidumbre por deudas, o matrimonio forzado o servil. Todas estas realidades caracterizan la vida rural, con agravantes como el modo de transporte de los trabajadores y la forma en que los albergan. Por ejemplo, los establecimientos donde habitan los campesinos tienen piso de tierra, falta el agua, las condiciones de higiene en las cocinas son lamentables y están expuestos a temperaturas extremas.
El 10 de marzo pasado fueron rescatados 200 jornaleros en Baja California Sur, según el informe del secretario de Trabajo federal, “en condiciones ilegales, insalubres y de miseria salarial”. En dicho grupo, se encontraban 13 menores con los mismos padecimientos. La remuneración pactada con la empresa El Cerezo era de 50 centavos de dólar por cada costal de papas, pero se les pagaba la mitad, lo que hacía un total de alrededor de 15 dólares semanales. Esta empresa pertenece a la familia del ex presidente Fox y es administrada por José “El Josecillo” Fox, hijo de un hermano del político al que también señalan como “socio” de la compañía.
Aunque la situación general era de conocimiento público, fue a partir de este suceso particular que comenzaron las protestas, reprimidas por el Ejército y la policía estatal con balas de goma y gases lacrimógenos. Entre los reclamos de los campesinos se encuentra un salario de 20 dólares diarios, que la jornada laboral pase de 12 a ocho horas, afiliación al Seguro Social, vacaciones y día de descanso, y que se investiguen los delitos de acoso sexual que padecen las mujeres. Fidel Sánchez, líder de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, aseguró que los sueldos en el campo hace 15 años que permanecen congelados, por lo que es tiempo de percibir un aumento.
Jesús Carmona, secretario técnico de la organización Respuesta Alternativa, asegura que “no les dan algún tipo de contrato escrito. Los dueños de los ranchos se desentienden como patrones porque dicen ‘yo no le pago a la gente, yo le pago a quien los trae, y ellos reparten el dinero’”. Carmona denuncia también que, al no cobrar el dinero a tiempo, con retrasos que pueden llegar hasta los ocho meses, los jornaleros subsisten con “préstamos de 200 pesos semanales y, al final de la temporada les descuentan lo que les prestaron y casi casi salen ‘tablas’. Estuvieron trabajando y privándose para nada”. Este sistema ya era utilizado a principios del siglo pasado, durante la dictadura de Porfirio Díaz. Según la última Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, realizada en el 2009, son 762.265 los trabajadores temporales que migran hacia el norte del país, aunque en la actualidad se calcula que un millón de personas abandonan su lugar de residencia para sobrevivir en la explotación.
Ofrecimiento a familiares de los 43
El ex candidato presidencial mexicano y fundador del izquierdista Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, ofreció a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos la posibilidad de elegir al fiscal y al secretario de Seguridad Pública de Guerrero, el Estado en el que los jóvenes fueron vistos por última vez. El ofrecimiento del dirigente está atado a que su delfín, Amílcar Sandoval, triunfe en las elecciones para gobernador del distrito, que se realizarán el próximo 7 de junio.
En una reunión celebrada en Chilpancingo, López Obrador aseguró que su candidato se pondrá en contacto directo con los familiares de los 43 normalistas. “Le dije que les hiciera un planteamiento formal para lograr una coalición, ir juntos con ellos para que puedan, cuando triunfe nuestro movimiento, nombrar a quien va a ser el próximo fiscal y que también nombren al próximo secretario de Seguridad Pública de Guerrero”, contó.
El ex candidato presidencial aseguró que sólo un fiscal puesto por los padres de los estudiantes desaparecidos puede garantizar el esclarecimiento del caso. “Además, necesitan también un gobernador que exija justicia, que no se vaya a permitir la impunidad”, remarcó.
Los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en Guerrero, desaparecieron el 26 de septiembre del año pasado, luego de ser atacados a tiros por policías municipales y quedar detenidos en la ciudad de Iguala. Con motivo del sexto mes de búsqueda sin respuestas, esta semana los padres de los jóvenes realizaron protestas en México y Nueva York.
