El exdirector del Programa de Protección a Testigos pidió apartar a los querellantes del caso. El planteo lo hizo ante el juez Julián Ercolini, que aún no resolvió los pedidos de indagatoria que hizo la fiscal Paloma Ochoa. La investigación judicial se abrió por una nota de El Destape.
El ex director del Programa de Protección a Testigos, Francisco Lagos, busca derribar la causa en que se investiga el pago al testigo Alejandro Vandenbroele de 4 millones de pesos -destinados en parte a un hotel boutique- a cambio de su testimonio amañado para lograr la condena de Amado Boudou en el caso Ciccone. Lagos, junto a Vandenbroele y el ex ministro de Justicia Germán Garavano, fue imputado por esa maniobra que se investiga en los tribunales de Comodoro Py a partir de una publicación de El Destape. La fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria de los tres acusados, requerimiento que aún no resolvió el juez Julián Ercolini, uno de los impulsores del Lawfare.
En un escrito firmado este lunes, Lagos pidió que se aparte a los querellantes del caso, es decir, a Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Rafael Resnick Brenner. El ex funcionario macrista busca voltear la causa antes de que Ercolini defina si se hace lugar o no a las indagatorias: “Venimos por el presente a interponer excepción de falta de acción por falta de legitimación de los querellantes para continuar con ese rol que se les asignó en este proceso y solicitamos que sean apartados”, escribieron los abogados del ex funcionario, Jaime Seoane y Alejandro Drago.
La presentación se hizo mientras Ercolini demora la definición del llamado a indagatoria de los tres imputados que tiene el caso. Por esa tardanza, el ex vicepresidente Boudou presentó recientemente un escrito en el que resaltó que todo lo que pidió el magistrado para retrasar la convocatoria ya se cumplió y por ende no hay más motivos para que no se realicen.
El 25 de febrero pasado, la fiscal Ochoa pidió que se cite a indagatoria a Vandenbroele, cuyo testimonio fue clave para condenar a Boudou en el caso Ciccone, y a Garavano y Lagos, los funcionarios de Mauricio Macri que habilitaron el pago de 4 millones de pesos para que testifique. La investigación judicial se inició a partir de un artículo periodístico de Ari Lijalad, publicado en El Destape en febrero de 2020.
Vandenbroele recibía los fondos del Programa de Protección de Testigos, a cargo de Lagos, que funcionó durante el macrismo como una pantalla para controlar y direccionar testimonios contra CFK y otros ex funcionarios en “causas políticas”. Disponían de fondos discrecionales para premiar arrepentidos que cumplieran su tarea. El caso Vandenbroele es un claro ejemplo: usaron su testimonio para lograr la condena contra Boudou y a cambio le pusieron un hotel boutique en Mendoza y le destinaron más de 4 millones de pesos. Es el único testigo protegido que recibió tanto dinero.
Para intentar derribar la acusación –y la causa-, Lagos sostiene que “no existe elemento de prueba incorporado a la causa que permita afirmar que los dichos de Alejandro Paul Vandenbroele se encontraban viciados y que hayan sido utilizados para fundar o agravar las situaciones procesales de los querellantes. Tampoco existen pruebas pendientes en ese sentido y no forma parte del objeto procesal vigente”. Pero tal como publicó Lijalad en este medio, eso no es cierto.
En uno de los documentos que publicó El Destape cuando dio cuenta del irregular pago a Vandenbroele, que está firmado el 24 de agosto de 2018, se lee que el operador asignado al expediente del testigo del caso Ciccone pide a Lagos que se abone la suma de 1.500.000 de pesos y destaca para respaldar la solicitud que “el 7 de agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudouy el Sr. José Núñez Carmona”. Y remarca el operador que el día anterior a su solicitud la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de ambos. Es decir, valora el testimonio de Vandenbroele.
Lijalad lo recordó este martes en un tuit.
En otro pasaje de su escrito de 6 páginas, Lagos vuelve a apuntar contra los querellantes del caso y asegura que “no se observa de la imputación algún perjuicio directo o real hacia los nombrados de acuerdo a los hechos descriptos. No son particulares ofendidos de los hechos”. “No existe motivo alguno en este proceso que permita sostener que los Sres. José María Núñez Carmona, Amado Boudou y Rafael Resnick Brenner cuentan con el derecho a querellar”, se añade. Lejos de intentar desmentir los hechos –las pruebas comprometen a todos los imputados-, los defensores apelan a una formalidad para intentar derribar la acusación.
Por cierto, en su presentación nada dice Lagos de su visita a la Casa Rosada justo cuando Vandenbroele ingresa al Programa de Protección a Testigos. El pasado 7 de marzo, el ministro de Justicia de la Nación Martín Soria reveló que el día que Vandenbroele entró al programa desde el que salieron los fondos para pagar su testimonio hubo una reunión en Casa de Gobierno entre Macri, Garavano y el propio Lagos.
Las irregularidades
Lagos decidió apuntar a una formalidad para intentar hacer caer la causa porque los hechos lo comprometen. Tal como se desprende del dictamen de Ochoa del 25 de febrero, en el pago a Vandenbroele hubo diversas irregularidades. Entre ellas, se destacan:
- Que se mantuvo a Vandenbroele 2 años y 3 meses en el Programa de Protección de Testigos cuando la ley permitía 6 meses.
- Que se le entregaron grandes sumas de dinero, incluidos los fondos para el hotel boutique, luego que se cumplieran los 6 meses que prevé la ley.
- Que se gastaron en Vandenbroele $4.478.559, suma récord entre los testigos protegidos.
- Que no lo excluyeron del programa pese a reiterados incumplimientos como una reunión secreta y manejar ebrio con su hija.
Para Ochoa los ex funcionarios Garavano y Lagos “destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”.
La fiscal sostuvo que tiene por acreditado que “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado (Vandenbroele) asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa” y “destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”. Ochoa encuadró el hecho en las figuras de la administración infiel en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, que tienen penas de 2 a 6 años de prisión.
“Cabe aclarar que el beneficiario de toda la maniobra Alejandro Paul Vandenbroele deberá igualmente responder en calidad de partícipe necesario”, agregó la fiscal, que en su dictamen también comparó lo que se gastó en este testigo y el resto de los “protegidos”. Al testigo clave contra Boudou le dieron un total de $4.478.559. De los 124 legajos similares, solo 14 registraron gastos por más de $500.000s, sólo 8 por más de $1.000.000, sólo 4 por más de $1.500.000, sólo 3 por más de $2.000.000 y uno por más de $3.000.000.
El único que superó los 4 millones fue Vandenbroele.
FUENTE: EL DESTAPE
