La Comisión de Juicio Político resolvió convocar por la fuerza pública al exdirector de la Obra Social de los judiciales, Aldo Tonón, tras tres faltazos. Tonón estuvo al frente de la prestadora médica desde 2008 a 2021 y es investigado en dos causas penales. Qué dijo el ex secretario Héctor Marchi en la Justicia.
La Comisión de Juicio Político resolvió convocar por la fuerza pública al ex director de la Obra Social de los judiciales (OSPJN), Aldo Tonón, tras tres faltazos al proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos en el Congreso. Se trata de un hombre vinculado al supremo Juan Carlos Maqueda y que está imputado en dos causas judiciales en que se investigan las irregularidades en la OSPJN. Estuvo al frente de la prestadora médica desde 2008 a 2021. En la misma jornada, el ex secretario general de Administración de la Corte, Héctor Marchi, ratificó en Comodoro Py el explosivo testimonio que había dado ante el Congreso y dio nuevos detalles. Fue en una causa en la que se presentó como testigo y que también hace foco en la OSPJN.
“Comparecer por la fuerza pública”
“En la reunión anterior se definió que se le reiteraba la citación al doctor Tonón después de dos citaciones donde no había comparecido bajo apercibimiento de que si en esta oportunidad no comparecía se iba a dar conocimiento a un juez. Así lo establece el reglamento interno de la comisión”, explicó la presidenta de la comisión Carolina Gaillard. Tonón no compareció este miércoles. Por el contrario, envió una nueva nota en la que justificó su ausencia. Por eso, Gaillard informó que “se le comunicará al juez la no comparecencia del doctor Tonón y se le pedirá que asista con la fuerza pública para la próxima reunión de comisión”.
En la nota que Tonón envió a la Comisión de Juicio Político para justificar su tercer faltazo dijo que no puede declarar ante la comisión porque es protagonista de al menos dos causas judiciales en que se investigan los desmanejos en la Obra Social. En el escrito, que también suscribe su abogado Mauricio D’Alessandro, sostiene que se trata de “un imputado al que se lo llama a declarar en una causa con similar objeto, sujetos y causa” pero como testigo. Como sería imputado y testigo a la vez sostuvo que tiene el derecho de no concurrir al Congreso. Y añadió: “La sola citación implica para mi parte una coerción” y “afecta su libertad de declarar”.
La presidenta de la comisión, Gaillard, respondió a esta nota: “No se lo llama a declarar en una actuación investigativa de similar objeto, sujetos y causa de la que está siendo investigado por el Poder Judicial. El Congreso Nacional está investigando el posible mal desempeño en sus funciones de los señores magistrados del máximo tribunal y el doctor Tonón debe concurrir a colaborar mediante su testimonio con la obligación legal de prestar declaración, sobre todo, en lo que se le pregunta salvo aquellas circunstancias que crea que lo pueden autoincriminar”. Por esto, la diputada del FdT añadió que “resulta procedente se comunique su incomparecencia a la autoridad judicial competente”. Y explicó: “Se le va a solicitar al juez la ilicitud y le pida que venga a comparecer con la fuerza pública en la comisión”.
Aldo Tonón es protagonista de 2 causas en que se investigan las irregularidades en la OSPJN. Una es la causa Nº 7686/2021 cuya carátula lleva su nombre y tramita ante el juzgado Ariel Lijo. Se lo acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Se le apunta por supuestas contrataciones fraudulentas. Tonón fue director de la Obra Social desde 2008 hasta 2021. El 30 de marzo pasado la Corte le aceptó la renuncia pero condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite. La segunda causa es la 5666/2021, que tramita ante el juzgado federal Nº 6. Allí también se lo acusa de abuso de autoridad y malversaciones de caudales públicos por el presunto uso indebido de herramientas tecnológicas para hacer seguimientos de empleados de la obra social.
Fuerte declaración en Comodoro Py
La citación de Tonón por la fuerza pública no fue la única novedad en el día vinculado al tema de la Obra Social de los judiciales que tanto inquieta a los supremos y provocó una feroz interna en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Mientras la comisión escuchó a tres nuevos testigos, este miércoles también declaró pero en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de una de las tres causas que hay por el tema de la OSPJN en sede judicial, el ex secretario general de Administración Héctor Marchi. El ex secretario estuvo por más de tres horas frente al juez Ariel Lijo. También fue convocado nuevamente por la comisión de Juicio Político para el 9 de mayo para ampliar su declaración.
Marchi repitió en Comodoro Py mucho de lo que dijo ante la Comisión: apuntó a Maqueda y Rosatti por la supervisión de la Obra Social, dijo que sufrió amenazas por parte de Silvio Robles y dio cuenta de la informalidad con la que se maneja la Corte.
En el marco de la causa Nº 4462/2022, que es un desprendimiento de la causa central de la Obra Social, y que se abrió tras una serie de votos en disidencia de Ricardo Lorenzetti, dijo ser una víctima y afirmó:
- Que su apartamiento de la Secretaría General de la Administración, donde estuvo 15 años, y su traslado a la Cámara Federal de la Seguridad Social fue por los informes que elaboró sobre las irregularidades en la Obra Social. “El sólo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, dijo.
- Sostuvo que Maqueda fue quien estuvo a cargo de la Obra Social hasta el 2021. “Este hecho es innegable”, aseguró. “Maqueda lo reconoce expresamente en el mail que se me leyó en la Comisión de Juicio Político y que él mismo envió a esa comisión”, indicó.
- Marchi también afirmó que la designación del médico personal de Maqueda, Aldo Tonón, y de su secretaria privada Marta Herrera, «es una prueba clarísima sobre el control de Maqueda sobre la Obra Social».
- Indicó que Maqueda renunció a la supervisión de la OSPJN en agosto de 2021 y dijo que “Horacio Rosatti propuso al Dr Althabe que fue contratado el 15 de octubre de 2021. El control siguió en manos de Maqueda y de Rosatti pues en el Directorio siguieron Tonón y Althabe”. “Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes”, también agregó.
- En otro pasaje criticó la informalidad con la que se maneja la Corte y apuntó contra Silvio Robles, mano derecha de Rosatti: “Robles es el gran responsable de la persecución y la informalidad. Por eso promovió mi desplazamiento y está designando personal en áreas claves como seguridad, administración etc”.
- También volvió a decir que “Robles amenazó a varios empleados, diciéndole que maneja a la mayoría de la Corte y que tienen que obedecerlo porque de lo contrario los traslada”.
- Luego hizo un punteo de las irregularidades detectadas en la Obra Social por la Secretaría General de Administración que estaba bajo su mando. Esa secretaría supervisó a la prestadora médica entre 2021 y 2022, es decir, durante la gestión de Rosatti como presidente supremo. Marchi dijo que se detectó:
1. Una estructura irregular con cargos vacantes y otros ocupados con locaciones de servicios (80 locaciones sobre una planta de 160 empleados).
2. Que el sistema informático era obsoleto.
3. La falta de herramientas de gestión. Como la falta de contabilidad, presupuesto y balances inciertos.
4. Diferencias en el inventario de los medicamentos de las farmacias.
5. Pérdida de ingresos por mantenimiento de dinero ocioso en cuentas corrientes.
6. Falta de publicación de actos administrativos.
7. No hay controles sobre las liquidaciones de medicamentos. Los medicamentos y las prótesis se adquieren por compra directa.
8. No hay controles sobre los ingresos, egresos y deudas, entre otras situaciones irregulares.
También mencionó nuevas presiones tras declarar el pasado 25 de abril ante la Comisión de Juicio Político.
Dijo que se produjeron «tres situaciones puntuales y que sin lugar a dudas, están relacionadas entre sí y con mi declaración en la Comisión de Juicio Político y que tienen como objetivo buscar desacreditarme y ejercer una presión sobre potenciales testigos que quieran declarar situaciones anormales». Mencionó el comunicado de Prensa de la Junta Interna de la Corte; el Comunicado del Directorio de la Obra Social y la reunión de Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz con una decena de ordenanzas para festejar el día del Trabajador.
«Estas tres situaciones que se generaron con posterioridad a mi presencia en la Comisión de Juicio Político donde denuncié las presiones sufridas por mí y demás funcionarios y empleados, no hacen más que avalar la posibilidad de presiones mientras se sustancian las audiencias en la Comisión de Juicio Político», afirmó.
Marchi en la Comisión
El 25 de abril, en un explosivo testimonio, Marchi dijo ante la Comisión que por malos manejos financieros la Obra Social de los judiciales perdió 3 mil millones de pesos en apenas 7 meses, entre 2021 y 20122. Y complicó al cortesano Maqueda al afirmar que fue quien supervisó la prestadora médica por más de una década. Respecto a este punto, este miércoles declaró en la comisión Andrés Alberto Sacchi, de la Dirección de Sistemas de la Corte, y confirmó que Maqueda había enviado un mail en el que ratificó que supervisaba la prestadora médica.
En otro pasaje de su declaración del 25 de abril en el Congreso, Marchi dijo que sufre amenazas y seguimientos y apuntó contra Silvio Robles. Según se informó este miércoles en la comisión, la presidencia de la Cámara de Diputados se contactó con el Ministerio de Justicia de la Nación para hacer saber de esas declaraciones. Desde la cartera que encabeza el ministro Martín Soria se comunicaron con Marchi y se le ofreció realizar gestiones ante el Ministerio de Seguridad por si requería protección o custodia. El ex secretario agradeció el ofrecimiento pero dijo que por ahora estima que no es necesario.
El testimonio de Marchi es clave en este proceso: fue desplazado el 20 de abril del cargo que desempeñó durante 15 años en la Corte con la excusa de un reordenamiento interno. Su apartamiento se dio un día después de que le elevara a Rosatti cuatro informes detallados que exponían los desmanejos en la OSPJN. Esos informes llegaron a la Comisión la noche previa a la declaración de Marchi en el Congreso por lo cual el 25 de abril los diputados resolvieron volver a interrogar a Marchi para interiorizarse sobre esos informes. El exsecretario estaba citado este miércoles pero como se superpuso esa cita con la convocatoria judicial, no pudo concurrir al Parlamento. En la comisión lo esperan para la semana próxima.
Al inicio de la audiencia de este miércoles, el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, dijo que el juez Lijo debía investigar a Marchi y no citarlo como testigo por los desmanejos en la Obra Social. Es la misma posición que sostienen Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda: esos tres supremos apuntan a Marchi por las irregularidades en la OSPJN. En esa línea el diputado López añadió que Marchi incurrió en falso testimonio en el Congreso, por lo que dijo la semana pasada, y afirmó que comprometió “a su jefe político, Ricardo Lorenzetti”. No son casuales sus palabras: La Coalición Cívica impulsa el juicio político del jurista rafaelino mientras que en el Congreso esgrime la defensa de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz.
Tres nuevos testigos
La comisión también escuchó este miércoles a tres testigos:
- Andrés Alberto Sacchi, de la Dirección de Sistemas de la Corte.
Sacchi implementa el sistema informático de la Corte Suprema y sus dependencias con excepción de la Dajudeco y la obra social de los judiciales. Ingresó al Alto Tribunal en 2016. Una de las razones de su convocatoria fue que integró la comisión de informatización para actualizar la prestadora médica con Marchi y Tonón. “La idea era hacer una colaboración para informatizar la obra social. En esa comisión lo primero que se hizo fue crear un grupo de trabajo conformado por personal técnico y administrativo de la Corte y de la Obra Social del Poder Judicial”, explicó.
Entre otras cosas, Sacchi confirmó la existencia del mail en que Maqueda reconoce que supervisaba lo que sucedía en la Obra Social, dato relevante luego del testimonio de Marchi y una nota de Rosatti-Rosenkrantz y Maqueda que afirma que no había supervisión por parte de ningún supremo. Sacci dijo que ese mail le llegó por un reenvío. También confirmó que por pedido de Silvio Robles él dio de baja el correo electrónico oficial de Rosatti, tal como había contado Marchi el pasado martes. El diputado Rodolfo Tailhade, integrante de la Comisión de Juicio Político, se hizo eco de este pasaje de la declaración de Sacchi y la replicó en Twitter: «Sacchi acaba de declarar que ‘es muy difícil recuperar esos mails’. Explico la importancia de esto. La casilla del presidente de la Corte se eliminó en enero. Un mes antes se conocieron los chats entre D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha de Rosatti. Casualidades». La referencia es a Marcelo D’Alessandro, el exministro de Seguridad y Justicia porteño.
- María Bettina Bonuccelli, funcionaria de la Corte, quien es la secretaria del supremo Juan Carlos Maqueda. Sobre este último supremo dijo que “es mi jefe”. Contó que ingresó a la Corte en 2002 y que ascendió al cargo luego de que Marta Herrera, de la vocalía de Maqueda, fuera ubicada en la dirección de la Obra Social.
- Valeria Díaz, afiliada de la OSPJN, damnificada por los desmanejos de la prestadora médica.
FUENTE EL DESTAPE
