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La CGT negocia un bono de $5000 y los piqueteros preparan movilizaciones

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Los grupos sociales aumentarán su presencia en las calles; el sindicalismo quiere evitar aparecer como desestabilizador

La caída sin freno del peso empujó al sindicalismo y a los movimientos sociales a revisar su estrategia frente al rebrote de la crisis económica. Los gremialistas más influyentes de la CGT y de los dirigentes sociales más convocantes aceptan hoy que ya no pueden comprometerse a liberar las calles de conflictos hasta las elecciones del 27 de octubre próximo, como habían consensuado en charlas reservadas con Alberto Fernández después del triunfo del candidato kirchnerista en las elecciones primarias.

Con necesidades distintas, aunque ambos urgidos por atenuar el impacto de la devaluación, los sindicatos y los grupos piqueteros presionarán a su modo para obtener algún beneficio antes de volver a las urnas. Argumentan que será necesario un refuerzo al bolsillo antes del 10 de diciembre si es que prospera el acuerdo de precios y salarios por 180 días que Fernández cocina de manera sigilosa con empresarios y sindicalistas en caso de llegar a la Casa Rosada.

Los gremialistas enrolados en la CGT se comprometieron a cuidar la gobernabilidad y tomar distancia del incómodo estigma desestabilizador que los acecha desde las salidas anticipadas de los presidentes no peronistas. Héctor Daer fue tajante delante de funcionarios macristas, colegas y empresarios: el jefe de la central obrera prometió neutralizar cualquier foco de protesta que avive la tensión e insistió en la necesidad de que Macri finalice su mandato. Ratificó incluso su mesura tras el desacuerdo con el Gobierno por el porcentaje de aumento del salario mínimo. «No habrá movilización ni medidas de fuerza. La gente ya se expresó con su repudio electoral. Estamos próximos a un cambio de gobierno», justificó Daer.

En paralelo, la CGT abrió un canal de negociación con la UIA y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para avanzar en una suerte de «bono primavera». Se trataría de un pago extra de $5000 no remunerativos para los trabajadores bajo convenio, un pacto similar al que se selló con el Gobierno en 2018 para evitar una reapertura generalizada de las paritarias, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes oficiales, gremiales y empresarias. Ya hay gremios que plantearon revisar sus acuerdos salariales antes de la fecha de renegociación preestablecida. Sica quiere evitar un efecto dominó.

Las primeras charlas entre la CGT, la UIA y el Gobierno, reveladas por Ámbito Financiero, ingresaron en una breve pausa para definir el aumento del salario mínimo, que se elevó el viernes pasado de manera unilateral de $12.500 a $16.875 en tres cuotas. Los gremios rechazaron la suba, ya que pretendían llevar el sueldo básico a $32.000 en línea con la canasta básica alimentaria que releva el Indec. El sueldo mínimo es relevante por su impacto en el salario inicial docente, los planes sociales y los haberes jubilatorios.

Los movimientos sociales, en tanto, redoblarán su presencia callejera con un objetivo inmediato: presionar para que se amplíe la ayuda social en la ley de presupuesto 2020, cuyo proyecto ingresaría al Congreso entre el 14 y el 16 del mes en curso. Además, los grupos piqueteros plantearán la necesidad de «duplicar» la cantidad de programas sociales, aumentar los montos de la ayuda y que se declare la emergencia alimentaria, una demanda similar a la que promovió la Iglesia a través de la Pastoral Social.

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Los piqueteros también apuestan a comprometer a la próxima gestión de extender la emergencia social, sancionada en noviembre de 2016. La ley de emergencia social dio origen al salario social complementario, un auxilio adicional para trabajadores informales cuyo monto es la mitad del valor del salario mínimo. Desde 2016 hasta el 31 de diciembre de este año, se destinan más de $25.000 millones para ese rubro. La intención de Alberto Fernández sería mantener este beneficio y reflotar lo que fue el «Plan Empalme», un programa impulsado por el macrismo que estimulaba la reconversión de planes sociales en puestos de trabajo registrado a partir de subsidios a las empresas que absorban al empleado que estaba en la informalidad.

«No estamos como 2001 porque por entonces había dos millones de planes sociales y ahora hay 450.000 [no contabiliza la asignación universal por hijo]. Pero es preocupante que en los comedores no haya leche en polvo desde hace tres meses», cuestionó Eduardo Beliboni, coordinador nacional del Polo Obrero, una de las organizaciones que actúa con el triunvirato piquetero (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa). Las organizaciones prevén desplegar en las calles a sus ejércitos de militantes. Prevén para el miércoles o jueves un acampe de 24 horas en Desarrollo Social y retomar la metodología la semana siguiente.

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