Los gremios integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) realizan esta mañana asambleas en todas sus ramas: aéreo, terrestre, portuario y marítimo; pero se descartó que las reuniones informativas signifiquen una medida de fuerza directa en los servicios. “Cada sindicato o actividad implementa la metodología que cree que es más conveniente para esto”, explicó Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria y de la CATT.
La posibilidad de que la medida implicará una paralización del transporte en todo el país fue por un posteo del secretario general del gremio de Dragado y Balizamient, Juan Carlos Schmid, quien este fin de semana ofreció varias entrevitas en las que aclaró que se trataría de asambleas informativas, sin ceses de tareas, pero consideró que se registrarían “inconvenientes”. Por otra parte, confirmó que el jueves, de acuerdo a la convocatoria de la CGT, sí se realizará un paro en todos los sectores.
Respecto a los puntos a tratar en las asambleas que se desarrollarán esta mañana, Schmid explicó que serán cuatro centrales. “El primero de todos es el rechazo al DNU, que tiene artículos que atentan contra la libertad sindical. Nosotros hemos rechazado, desde el minuto uno ese decreto, que sigue vivo y coleando. El segundo punto es la dificultad que hay para la homologación de paritarias, que significa una falta de libertad en la negociación colectiva. Diga lo que se diga, cuando llega el trámite a Trabajo hay problemas”, señaló en declaraciones radiales.
Los otros dos puntos que se abordarán en las asambeas convocadas de 8 a 11 por sector, el extriunviro de la CGT agregó: “El tercer punto es el de Ganancias, es una bandera de la CATT durante mucho tiempo y por este punto le hemos hecho paro a todas las administraciones. El cuarto punto es jubilaciones, nosotros tenemos regímenes diferenciales”.
Descartada la posibilidad de que la medida informativa se transforme en cese de actividades, Schmid sí resaltó que el jueves el paro de 24 horas convocado por la CGT será total. “Todos los gremios confederados han decidido convocar a un paro total de actividades”, destacó y marcó la tensa relación que se observa en las ramas del transporte urbano: desde la UTA, que realizó medidas de fuerza y amenazó con otros paros por las dificultades registradas en la negociación paritaria; hasta los trenes y subtes que se ven afectados por los aumentos de tarifa y las aspiraciones privatizadoras del gobierno nacional.
En el caso de los subterráneos, los Metrodelegados anunciaron que, en adhesión al llamado a asambleas hecho por la CATT, se levantarían los molinetes en las estaciones cabeceras San Pedrito (Línea A), Plaza Miserere (Línea A), Federico Lacroze (Línea B), Constitución (Línea C) y Retiro (Línea C) entre las 8 y 10 de la mañana. Medida acompañada con una campaña de difusión sobre el reclamo que también incluye el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias; que ya obtuvo media sanción en el paquete fiscal votado en la Cámara de Diputados.
Suba en las tarifas de trenes
En coicidencia con las medidas de la CATT, el Gobierno oficializó este lunes un aumento del 53,84 por ciento en las tarifas de los trenes, que lleva el boleto mínimo de 130 pesos a 200. La medida alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur y se formalizó por medio de la Resolución 2/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.
Quienes no cuenten con la tarjeta SUBE registrada, el aumento será mucho mayor: trepará al 220 por ciento, con un boleto mínimo de 400 pesos. El Poder Ejecutivo dispuso mantener los descuentos de hasta el 40 por ciento para jubilados y del 50 por ciento para menores de 12 años.
También se incrementaron los pasajes de los trenes de larga distancia: desde Constitución hasta Mar del Plata costará 30.112 pesos; Constitución-Pinamar (25.244 pesos); Constitución-Bahía-Blanca (19.055 pesos); Retiro-Junín (16.421 pesos); Retiro- Tucumán (21.042 pesos); Retiro-Rosario (18.669 pesos).
En los considerandos de la medida, el Gobierno volvió a citar el aún vigente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, en el que se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
“Se desprende la existencia de considerables desequilibrios en las tarifas y que la situación exige la adopción de medidas urgentes, que no admiten dilación alguna, con el objetivo de romper ese círculo vicioso de empobrecimiento generalizado y crisis recurrentes”, sostiene el texto oficial.
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