El periodista y abogado Pablo Llonto espera a Tiempo Argentino en el bar que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Muchas de las personas que recorren aquel ex centro clandestino de detención, hoy recuperado como espacio de la memoria, lo reconocen y lo saludan.
Llonto es un incansable militante de los Derechos Humanos. Como letrado, representa a 254 querellas en los juicios de lesa humanidad. Pero su reconocimiento para con las víctimas de la represión no concluye en su trabajo jurídico. En su última obra periodística, El juicio que no se vio (recientemente publicada por Peña Lillo-Ediciones Continente), Llonto rescata la memoria de los 833 testigos que tuvo el Juicio a las Juntas.
A 30 años de aquel histórico proceso oral y público, mencionó a cada una de las personas que en 1985 pasaron por el estrado con la intención de “recuperarlas del anonimato” y brindarles “el más modesto homenaje”. “Ellos fueron los grandes olvidados del juicio”, asegura quien cubrió aquellas audiencias como reportero del diario Clarín.
“Los testigos fueron el Juicio a las Juntas”, dice, con firmeza. “Ellos hicieron posibles las cinco condenas que hubo. Fueron a declarar cuando la gran mayoría de los represores estaban en actividad. Nunca fueron reconocidos ni homenajeados. Es una deuda que cruza diferentes esferas: la periodística, la histórica y la jurídica”, indica.
Respecto de la deuda jurídica, el abogado sostiene: “Existe una maldita costumbre en jueces y fiscales de creerse que son ellos los que hacen las cosas. Pero los juicios se llevan adelante porque hay gente denunciando y dando testimonio. El sistema judicial pone a los jueces en un lugar tan exagerado que hoy se pagan las consecuencias: se creen que son el gobierno.”
“Justamente, otra idea del libro era derribar algunos mitos sobre quiénes fueron estos personajes del juicio: los seis jueces y sobre todo el fiscal, (Julio César) Strassera”, cuenta Llonto. “Muchos de ellos protagonizaron en los últimos años ciertas circunstancias que ayudan a poner las cosas en su lugar”, señala. Y comienza a enumerar: “(Jorge) Valerga Aráoz defiende a Pedro Blaquier (titular del Ingenio Ledesma y acusado de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado); Ricardo Gil Lavedra asume este año la defensa del juez de la dictadura, (Ricardo) Lona; Strassera apoyó al juez marplatense, (Federico) Hooft, también fue acusado de violar los Derechos Humanos. Hay que correr el velo para que se vean estos personajes. Una de las grandes mentiras de la política del mundo es el verso de la justicia independiente. La Cámara Federal (que juzgó a los comandantes de las Fuerzas Armadas en 1985) nunca fue independiente, fue elegida a dedo. Muchos de sus integrantes eran simpatizantes radicales. Gil Lavedra terminó siendo dirigente del partido.”
“Tanto Strassera como el tribunal (del Juicio a las Juntas) respondió a la línea política que tenía Alfonsín sobre el tema: se planteó la Teoría de los Dos Demonios, el juzgamiento sólo de alguna jerarquía (castrense) y se plasmó lo que fue luego la Obediencia Debida y el Punto Final. Por eso la sentencia dejó muy conformes a los radicales”, explica el abogado y periodista.
–¿Qué destaca y que cuestiona de la sentencia?
–Hubo cinco condenas y cuatro absoluciones. Ellos mismos (por los jueces) se dieron cuenta al poco tiempo que las penas fueron bajas. Pero no quiero restarle valor al hecho histórico del juicio y la sentencia. Para la historia argentina y para la latinoamericana significó que una democracia juzgó inmediatamente después de ocurrida a una dictadura; que se pudo juzgar en su país a los autores de un genocidio. La democracia argentina respondió diciendo “se puede”. Obviamente que la sentencia con sólo cinco condenas nos trajo una sensación de amargura. Desde el punto de vista jurídico es una sentencia altamente contradictoria. Y eso se ve ahora: todavía hoy hay alegatos donde se escucha de nuestro lado la reivindicación de la sentencia de la causa 13 y también se escucha del lado de la defensa.
–¿Por qué el juicio no se transmitió por televisión?
–El primer responsable fue Alfonsín. Tenía pánico de que eso irritara a los militares. En 1986, uno de los dramaturgos más grandes de la Argentina, Carlos Somigliana, hizo una especie de documental sobre el Juicio a las Juntas, que se llamó “De pie, señores”. Cuando lo llevó a ATC, también lo censuraron. Y eso fue un año después del juicio.
–¿Cómo era la relación del gobierno alfonsinista con los militares?
–El radicalismo fue uno de los partidos que más civiles le aportó políticamente a la dictadura. Era notorio que su relación no era de confrontación.
–No obstante, Alfonsín tenía más bien un discurso antimilitar.
–Aparecía como el más antimilitar. Lo mismo que algún integrante de la Coordinadora y un sector de la Juventud Radical. El resto, que eran casi todos, no tenía un discurso general antimilitar. En ese marco, Alfonsín cede, cede y cede. Uno de sus grandes errores fue haber sacado el decreto 157, por el que ordena el juzgamiento de los militantes de las organizaciones guerrilleras. Y lo emite antes de sacar el decreto 158, el que juzga a los militares. Eso es todo un símbolo. La democracia argentina en su historia dirá que el primer condenado fue un gobernador de la democracia, Ricardo Obregón Cano, en agosto de 1985, a diez años de prisión. Y recién en diciembre, fueron condenados los comandantes. A su vez, Alfonsín intentó hacer algunas cuestiones distintas. De hecho, fue él quien más impulsó el Juicio a las Juntas, que abrió otro panorama para el país y sentó las bases de lo que se puede hacer ahora.
–La historia, con el pasar de los años, se fue revirtiendo. ¿Hoy se puede hablar de un proceso de “cicatrización”?
–Es difícil hablar de cierre. Estamos todavía en la reapertura. Hay alrededor de 700 condenados: ¿Qué porcentaje son del aparto represivo? Uno pequeño. Mi impresión es que estamos en porcentajes muy debajo del 50 por ciento. Estamos a muchos años del final de los juicios. Hay obstáculos en todo el país. Estamos mal en todas las jurisdicciones. Necesitamos que estos juicios se hagan cien veces más rápido. Tuvimos una reunión con (el presidente de la Corte Suprema, Ricardo) Lorenzetti por este tema. Necesitamos crear una ingeniería procesal y jurídica para acelerar los procesos. Falta muchísimo.
–¿Es el Poder Judicial el que debe cambiar la situación?
–Sí, solamente el Poder Judicial. No hay más vueltas.
Los pedidos a Lorenzetti y a la Corte
– ¿Cómo fue el encuentro que mantuvieron los abogados de DD HH con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el 15 de julio pasado?
– Le trasladamos el mandato de más de 150 abogados de las últimas Jornadas Nacionales de explicarle la preocupante situación de los juicios y la necesidad de una solución nacional al tema. Le contamos que hay una perspectiva de centenares de causas iniciándose y muchos juicios orales ya trabados en diversas provincias. Y que necesitábamos que la Comisión Interpoderes comprendiera la gravedad del problema y estudiase soluciones.
– ¿También le plantearon la necesidad de que el Poder Judicial haga una autocrítica sobre su rol durante la represión?
– Sí. Y él se comprometió a trasladar esta inquietud al resto de los miembros de la Corte.
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