por Mariano Massaro
El comportamiento de importantes sectores de la justicia ya no deja lugar a dudas; han ratificado su rol proactivo en defensa de los intereses del poder tras bambalinas. Sustentados en los cimientos de una ideología de derecha, su actuar es conscientemente funcional a ella. Podría sostenerse que su despliegue es equiparable al rol cumplido por sectores financieros induciendo corridas bancarias, o sectores de las fuerzas de seguridad facilitando el caos social como cuando se produjo el paro policial, o a sectores de las agencias de inteligencia estructurando operaciones en consonancia con los grupos monopólicos de información; todos ellos son arietes de las sucesivas etapas en la búsqueda de desestabilización y condicionamiento del proceso nacional y popular que en estos años condujo el kirchnerismo.
Pese a la historicidad conservadora de estos sectores, resulta indudable que desde la presentación pública de la corporación judicial como partido judicial, su actuar puede caracterizarse como pornográfica, por lo explícito de sus conductas, a sabiendas del naufragio procedimental que realizan. Claro que no resulta gratuito; asumir un lugar de exposición pública de tal envergadura trasunta como síntoma de las necesidades del poder real, viendo agotadas otras vías para la prosecución de sus objetivos.
El poder de fuego del partido judicial no es permeable a la traza de la soberanía popular, se encuentra fuera de alcance del entramado democrático y esto permite sostener la profunda lesión que representa respecto de la calidad institucional que una república requiere. Este sector es transdemocrático, por el cual la geografía democrática se reduce ostensiblemente. En tanto los anacrónicos sistemas de designación y remoción de los magistrados continué incólume nada cambiara; este estado de cosas se ha tornado en una herramienta insustituible del poder que reposa en la oscuridad para mantener a raya los avances que el proyecto de país de las grandes mayorías populares y de la minorías invisibilizadas intentan construir. Por consiguiente recae en el próximo gobierno constitucional introducir al tope de su agenda esta temática, asumiendo el costo político de tal tarea como fue intentada por la actual administración. Tal empresa deberá contar a demás del impulso institucional, con la labor coordinada de todos los operadores de la justicia, puntualmente en es punto el aporte de lostrabajadores judiciales será medular.
También existe otra línea de análisis de la cual se desprende consecuencias aún más gravosas; la circense actuación del doctor. Claudio Bonadio y el escarnio público al que se sometió a Víctor Hugo Morales o la puesta en escena plantada con Máximo Kirchner son ejemplos palmarios. No estamos frente a un lobo solitario que actúa espasmódicamente según le dicta su consciencia, sino que es un fiel exponente del uso marcial del partido judicial, una suerte de grupo de tareas que busca y podría incrementar su accionar en el futuro para acorralar, perseguir e intimar a todos aquellos militantes, periodistas, intelectuales, etc que hayan bancado con la palabra y el cuerpo su apoyo ideológico al proyecto nacional y popular. Esto plantea un escenario de vulnerabilidad extrema de todos los que hemos hecho públicas y militado nuestras ideas políticas a la vez que estrangula la ampliación del que hacer democrático. Las certezas que debiera darse por parte del más alto tribunal del país, para desterrar esta hipótesis brillan por su ausencia. Dicha actitud pasiva se encuentra muy cercana a una omisión consciente desde la superintendencia que es dable exigirle a la Corte Suprema de la Nación. Claro está que después de haber presenciado como su presidente re-reelecto, buscó introducir una cuestión de poderes en una ficcional pelea entre presidente de la Corte y la presidenta de la República, su carácter opositor quedo al desnudo.
Podemos conjeturar, y cierta información respaldatoria existe, respecto de un cúmulo nada despreciable de jueces que siendo funcionales a los objetivas pergeñados por el partido judicial, han optado por ejecutar la tareas solicitada desde la jefatura judicial exclusivamente movidos por el miedo, o para ser más jurídico, por el temor reverencial que le inspiran sus superiores jerárquicos. Este es otro hecho del cual debe tomarse nota; que modelo de justicia sobrevuela nuestra patria, que el miedo puede torcer la interpretación de la norma a favor de los mismos de siempre. Amenaza doble por cierto: por un lado, la posibilidad de truncar lacarrera del magistrado que se oponga, y por el otro la posibilidad cierta del hostigamiento y el miedo al chantaje mediático como el que concretó el otrora periodista progresista, Jorge Lanata, sobre los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal por la causa Ciccone.
A sabiendas que el partido judicial ha sido una herramienta eficaz para la protección de los intereses del poder real, el redireccionamiento de la justicia en un sentido democrático y justo pasa ha ser una política de estado. Resulta grosero no advertir que el declive de las precandidaturas presidenciales de la derecha explícita tendrá como consecuencia previsible la sobre carga de otros instrumentos para obstaculizar la necesaria profundización del modelo. Con una táctica electoral herida, como lo evidencia el estrecho margen alcanzado por el PRO para la elección del alcalde capitalino, es dable aguardar la multiplicación de aparentes lobos solitarios en franca fuga hacia adelante. Por ello resulta oportuno preguntarnos quien podría asumir el Ministerio de Justicia de la Nación con suficiente entidad para afrontar semejante tarea? La integración de la Corte Suprema de la Nación, ¿recorrerá el mismo andarivel que hoy inspira a la diáspora cegetista previo a su reunificación?
El sostenimiento del conflicto entre intereses contrapuestos ha estado en la base de constitución de identidad del actual proyecto; nos ha dejado avanzar hasta aquí. La deflexión respecto de éste tema puede dar como resultado el tan anhelado consenso que destrabe, sin embargo, estaríamos frente a fuegos de artificio incapaces de sobrevivir a la coyuntura, y menos aún de generar las transformaciones estructurales, incluida la constitucional, que la etapa exige.
Esta gran zaga no sólo se trata de aplacar una nueva ofensiva judicial a fin de sostener un estado de cosas manejable, sino tomar cabal consciencia que aquí se disputa un histórico resorte del poder real y que lo esta en juego la transformación de un paradigma que nació conservador. El impulso necesario para tal cambio se condensa en la profunda convicción de una justicia que pueda subsanar las diferencias existenciales entre los sectores sociales vulnerables y las élites acomodadas. Esta batalla no es apta para los tibios, el pueblo y la militancia esperan el reclutamiento.
