La CATT condenó el ataque contra Venezuela, lo calificó como una violación al derecho internacional y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, reclamando el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.
El secretario general de La Fraternidad Omar Maturano cuestionó el plan de reforma laboral impulsada por el Gobierno, advirtió sobre los límites al derecho a huelga y apuntó que es necesario convocar a un paro por 48 horas.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el plan para la formalización de dólares y ya exige a los bancos que no pidan papeles extra para quienes quieren ingresar sus ahorros en dólares debajo del colchón al sistema bancario. Para los trabajadores del Banco Nación, avanzó con una amenaza de despido.
Trabajadoras y trabajadores del Museo Malvinas denunciaron el despido de cuatro profesionales especializados en la materia y advirtieron que la medida vacía de contenido una política de Estado, enmarcada en un proceso de “desmalvinización” que debilita la memoria, la soberanía y el reclamo argentino sobre las islas.
Las centrales CTA-T y CTA-A repudiaron el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional, advirtieron que habilita un esquema de vigilancia y persecución incompatible con la democracia y exigieron su rechazo inmediato por parte del Congreso.
El Ministerio de Seguridad de Chaco, provincia gobernada por Leandro Zdero (UCR), notificó el cese de contratos de unos 400 trabajadores civiles, muchos con años de antigüedad, lo que motivó una convocatoria a concentrar frente a la Casa de Gobierno para exigir explicaciones y reclamar estabilidad laboral ante el impacto que la medida tendría en…
El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) apuntó contra el proyecto libertario y señaló que es «un proyecto regresivo que ataca derechos históricos». «Afecta al salario, al empleo formal y a la libertad sindical», señalan.
Los fondos que recibía la entidad para avanzar con tratamientos y cirugías representaba entre el 80% y 90% de sus recursos. Iniciaron acciones judiciales para garantizar la continuidad. Casi 5000 pacientes quedarían sin atención.
ATE cuestionó duramente el DNU 941/25 que amplía las facultades de la SIDE y advirtió que la reforma implica un retroceso democrático, con restricción de derechos y garantías constitucionales, por lo que reclamó su rechazo inmediato en el Congreso y no descartó avanzar con una presentación judicial.
La UOM Seccional Capital denunció la negativa de la empresa Brogas SA a abrir una mesa de diálogo, alertó sobre salarios por debajo de la línea de pobreza y graves irregularidades en las condiciones laborales, y advirtió que el conflicto podría profundizarse ante la intransigencia del empresario Javier Brodsky.