El jefe de Gabinete advirtió a “quienes administran cajas provinciales” sobre el riesgo de “resolver un problema hoy para generar otro mañana”. Y anunció la creación de un “sistema de monitoreo” para evaluar las protestas policiales.
Volvió pronto a su tierra, como había prometido un día antes de calzarse el traje de su nuevo desafío, la jefatura de Gabinete. Volvió y dejó repicando dos definiciones claves respecto de la protesta policial que desde Córdoba se esparció a varias provincias de Cuyo y la Patagonia. Jorge Capitanich ratificó ayer que “la seguridad pública es un ejercicio estrictamente provincial”. Y pidió a los gobernadores “responsabilidad objetiva” antes de otorgar incrementos salariales, como la triplicación de los sueldos básicos que firmó un acorralado José Manuel de la Sota para que los efectivos regresaran a la calle y desactivaran la ola de saqueos.
Una concesión que, ahora, enarbolan como bandera los médicos, los judiciales y los maestros. A sus ex colegas, Capitanich les pasó un mensaje de prudencia fiscal. “Si no resolverían un problema hoy para generar otro mañana”, les dijo por si esperan que la Rosada actue como última ventanilla de pago.
“Tiene que existir una responsabilidad objetiva por parte de quien administra las cajas provinciales respecto a poder asumir los compromisos, porque si no resolvería un problema hoy para generar otro mañana”, enfatizó el jefe de Gabinete durante una rueda de prensa que dio con el vicegobernador, a cargo del Ejecutivo, Juan Bacileff Ivanoff.
Capitanich informó que fue desplegado “un sistema de monitoreo para evaluar la situación en cada una de las provincias”. “Hoy y ayer (NdR: por el viernes y sábado), estuve dialogando con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, y lo mismo hice con los gobernadores Antonio Bonfatti (Santa Fe), Daniel Scioli (Buenos Aires) y De la Sota para hacer un monitoreo adecuado de la situación” generada a partir de la sublevación policial –o sus intentos– en esas y otras provincias.
Respecto a la oleada de reclamos salariales, en la que hacen punta los policías pero anidan las expectativas de los sindicatos de empleados públicos, mencionó que la Rosada no puede entablar ninguna negociación con ningún actor gremial provincial porque sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción.
Capitanich aseguró que el gobierno nacional busca lograr el mejoramiento macroeconómico mediante el incremento de ingresos por exportaciones, y el aumento de la producción y el empleo. “La estrategia nuestra, por exclusiva indicación de la presidenta Cristina Fernández, es generar condiciones para que podamos incrementar esos factores”, indicó. En este sentido, anticipó que el próximo domingo participará de un encuentro para abordar el demorado tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
Al deslindar responsabilidades respecto a los incidentes que se produjeron en Córdoba y, en menor medida, en Santa Fe y Catamarca (ver aparte), Capitanich insistió con que existe un fallo de la Corte Suprema, del 13 de abril 1869, que ratificó que la seguridad pública es un poder no delegado. Por lo que “indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial”, señaló.
“La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 (NdR: de Seguridad Interior) y sus modificatorias. Y eso implica que, frente a causales establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo al Estado nacional”, explicó Capitanich.
CHACO. Capitanich remarcó los indicadores positivos que se registran en Chaco, con una tasa de crecimiento del producto bruto geográfico del 60%, al igual que la caída en la tasa de mortalidad infantil. Su agenda continúa hoy con una misa; la entrega de 47 viviendas y la inauguración de un hospital.
