Pese a que el peronismo no pudo consensuar una mesa de conducción, gobernadores, bloques legislativos y centrales sindicales se muestran unidos en el rechazo a las políticas de Javier Milei. La prioridad continúa siendo el rechazo al DNU 70/2023, para lo que esperan convocar a una sesión especial en dos semanas.
Frente a algunas voces que se quejan porque dicen no encontrar un liderazgo político claro que catalice el rechazo a las políticas de ajuste brutal que lleva adelante Milei, desde Unión por la Patria sostienen que hay que saber valorar el trabajo que se viene dando en el Congreso, con los bloques trabajando en unidad y de manera coordinada. Fuera de los tres diputados de Tucumán que rompieron siguiendo la estrataegia colaboracionista del gobernador Osvaldo Jaldo, luego no se registraron otras divisiones. “Sabemos que hay necesidad de conseguir resultados, pero hay que entender que es un bloque de 99 diputados y que necesitamos otros 30 para aprobar cualquier movida”, explican en la bancada de UP. Esta semana, junto a legisladores de otros bloques de la oposición, convocaron a una jornada de debate a constitucionalistas que dieron cuenta de la “nulidad absoluta e insanable” del DNU 70/2023.
En el objetivo también vienen trabajando gobernadores y la mesa chica de la CGT, que sigilosamente mantuvo reuniones con legisladores de otros bloques opositores. “Nos faltan siete votos”, aseguraba días atrás un jefe sindical. “Hay días que son siete, otros son cuatro y otros no sabemos”, ironizó el diputado Eduardo Valdés en diálogo con El Destape Radio. Agregó que ese número “se construye con decisión política” y que la sesión especial podría estar convocada en 15 días, para lo que también vienen ocupándose diputados de otras bancadas como los socialistas de Santa Fe, los del FIT y hasta algunos radicales. “El DNU es la causa principal de los despidos, de los cierres de las empresas, de los aumentos de las prepagas; para nosotros es vital y la política principal del bloque es trabajar en la derogación”, afirmó Valdés.
Los diputados cordobeses son algunos de los que permanecen en la zona de indefinición y que podrían volcar la balanza, lo mismo que otros que pertenecen a partidos provinciales. Los gobernadores del espacio dialoguista siguen atentos los movimientos del Ejecutivo respecto a las cuentas provinciales, que hasta ahora sólo saben de recortes y más recortes. Axel Kicillof no sólo se mantiene en contacto permanente con sus pares de Unión por la Patria, sino que también el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro forman parte de sus interlocutores diarios para discutir cómo posicionarse ante las medidas de la Casa Rosada.
La provincia de Buenos Aires hará dos nuevas presentaciones este lunes ante la Corte Suprema para reclamar por el fin del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Transporte. Será el tercer recurso porque ya habían presentado uno previo por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que se destinaba a la seguridad. “Eran fondos que se tendrían que distribuir entre provincias y no pasó, y no corresponde que el gobierno nacional se apropie. Por eso hay que discutirlo en la Corte Suprema”, explicó Kicillof.Y agregó: “tenemos un DNU que causó efectos gravísimos, lo primero que tenemos que hacer es derogarlo”. De estas cuestiones habla con Llaryora y Pullaro. Otro DNU afectó también los fondos para las cajas previsionales de los tres.
Así como días atrás participó del encuentro de los gobernadores del Norte Grande, se anticipaba que este martes el ministro del Interior, Guillermo Francos, formaría parte del encuentro de los mandatarios de la región centro junto a Llaryora, Pullaro y Rogelio Frigerio. Las versiones publicadas aseguraban que reuniría con los tres, una ocasión propicia para conseguir apoyos fundamentales para la aprobación de la ley Bases. “No lo tenemos confirmado”, respondían, sin embargo, en Interior. Esa falta de certezas de Ejecutivo venía a pie a algunas sospechas de Unión por la Patria acerca de las dudas que existirían en la Casa Rosada sobre la suerte que correrán en el Congreso sus propuestas.
“¿Qué es eso de un ‘borrador’ de la ley Bases? ¿No mandaron un proyecto?”, se preguntaban en el bloque de la principal oposición. Obviamente, habían visto el escrito a través de los portales de noticias, pero no recibieron nada concreto de parte del oficialismo. Tampoco los gobernadores de UP, marginados de todo diálogo oficial. Imaginaban que detrás de esa idea de un “borrador” de la ley permanecían la falta de certezas acerca de qué harán los bloques dialoguistas. Por ejemplo, los radicales alineados con la conducción de Rodrigo de Loredo negocian una cosa, pero no es lo mismo que lo que piensan todos los gobernadores de la UCR, ni los más cercanos al senador Martín Lousteau. En esa dispersión, imaginaban, eran donde podían pescar disidentes que acompañaran el rechazo al DNU.
La CGT retomó el protagonismo de los inicios del gobierno de Milei con la reunión con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro Francos en la Casa Rosada, y la posterior declaración de un plan de lucha que culminará con un paro general el 9 de mayo. Antes que eso, los integrantes de la mesa chica de la central se reunieron con el bloque de senadores de UP para compatir una agenda de discusión de 17 puntos que titularon “Agenda para un nuevo contrato social”. Una de las cosas que quedaron definidas en el encuentro de la sede de Azopardo que no se debía avanzar en ningún proyecto que fuera en detrimento de los derechos de los trabajadores. Por eso, cerca del cosecretario general Héctor Daer aseguraban que no estaban negociando por debajo de la mesa ninguna reforma laboral y que si la ley Bases toma artículos del DNU ellos se pronunciarán por su rechazo, así como siguen trajinando los pasillos del Congreso para conseguir la derogación del DNU.
FUENTE EL DESTAPE
