En 2002, el Congreso las había derogado, pero el gobierno de Eduardo Duhalde las protegió con un veto. Al año, suman casi 3,5 millones de pesos. Las dispuso Videla en 1977, son exclusivas para el culto católico y las paga el Estado. La defensa corporativa de un beneficio decretado por la dictadura militar y los casos de quienes lo rechazaron.
En la Argentina, 26 obispos y arzobispos retirados cobran jubilaciones de privilegio, aun sin haber hecho aportes en toda su vida. Son, por así decirlo, “jubilaciones divinas”, que están sustentadas íntegramente por el Estado Nacional y se otorgan con exclusividad a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, generando un gasto mensual de $ 287.560. Es decir, $ 3.450.720 al año, que deben pagar con sus impuestos todos los argentinos. Los creyentes y los no creyentes. Incluso, los que pertenecen a otros cultos religiosos.
El beneficio fue otorgado por la última dictadura militar, de armoniosa relación con la cúpula eclesiástica. La ley que lo estableció fue sancionada en 1977 y lleva la rúbrica del genocida Jorge Rafael Videla. Se trata de uno de los tantos legados que nuestro país heredó de tiempos dictatoriales. Pero, a diferencia de lo que sucedió con otras leyes, que fueron modificadas o derogadas, esta norma aún se mantiene intacta.
