El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y sumaría 400 despidos

El Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona comunicó el cierre de 81 dependencias que brindaban atención legal primaria gratuita a personas vulnerables. Desde ATE ya estiman unos 400 despidos. La Justicia, para pocos.

 

 

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Los espacios multidisciplinarios brindan atención legal primaria gratuita a poblaciones de bajos recursos. Desde el comunicado oficial los llaman «otra caja de la política». De los 105 existentes, quedarán 24 abiertos.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia expresó que la clausura de los CAJ se debe a que «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias». La solución ante la supuesta acusación de ineficiencia no fue volverlos eficientes sino cerrarlos.

La cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona informó que «el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones» y aseguraron que el gasto de funcionamiento «le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año».

En esa línea, las autoridades ministeriales cuestionaron la utilización de fondos para tal fin y expresaron que «en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes».

«Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función», concluye el texto.

Desde la ATE advirtieron que la medida implica 400 despidos distribuidos por todo el país. Desde el gremio advirtieron que el objetivo real de la normativa es avanzar en un proceso «de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad».

La delegada de ATE Silvana Silva señaló que en el área registran un total de 270 despidos desde el mes de diciembre. «Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más», añadió.

 

 

 

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