Por:
felipe yapur
Los bloques que rechazaron la iniciativa, una vez más, se valieron de argumentos que son utilizados a diario por el Grupo Clarín. Pero más allá de ello, lo que deja en claro es el decidido abandono del principal objetivo que tiene una organización política partidaria: la generación de un proyecto que transforme el país. Estas bancadas, sesión tras sesión, demuestran que su razón es la de ser funcionales a los intereses del conglomerado mediático que defiende sus intereses corporativos. La inminencia del 7D que conlleva la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es lo que los obligó primero a mantener silencio ante la demanda penal y ahora a banalizarla. Esto implica un alejamiento de las bases, del pueblo o de la gente y tiene un costo que, a mediano plazo, se paga.
Un proyecto de declaración, como el que ofreció el Frente para la Victoria, carece de peso legal. Es simplemente una declaración, una toma de postura frente a un hecho cuya importancia exige el pronunciamiento de los legisladores. La demanda penal contra periodistas planteada por Clarín lo requería. No debería tener resistencias, porque no se trataba de especulaciones o interpretaciones de un bloque del Parlamento. Todo lo contrario, se trató de un hecho real que había quedado expresado en una presentación ante un juzgado. Sin embargo, al silencio inicial cuando se dio a conocer la novedad, se le sumó en esta última jornada de Diputados una actitud poco feliz. Varios de los legisladores que se expresaron se valieron del viejo artilugio de repudiar lo realizado pero al mismo tiempo dieron cuenta de hechos que, y acá lo terrible, terminarían justificando lo realizado por el monopolio Clarín.
Es decir, ni siquiera ante un grosero error de Clarín abandonaron su tarea de ser funcionales a los intereses del grupo mediático. Vendría a ser, como se dice en la jerga parlamentaria, prefirieron “tragarse el sapo” que implicó la demanda penal y esconderlo al intentar justificarlo en supuestas torpezas similares del adversario, en este caso el gobierno nacional.
No deja de sorprender la similitud de los discursos expresados por los que rechazaron el proyecto con el que emite el monopolio. Es de prédica cotidiana en los medios del conglomerado la supuesta inexistencia o escasa libertad de expresión. El radical Mario Barbieri, por caso, aseguró que “es en el marco de este derecho de la libertad de expresión que advertimos que en materia de libertad de expresión el Estado argentino se encuentra en deuda”. El bonaerense se refirió a otro de los puntos que preocupa y provocó la ira de los titulares del monopolio, el Fútbol para Todos y del que dijo se utiliza con “fines propagandísticos”.
Se nota mucho como para generar confusión y se pueda pensar que se trata de simples coincidencias.
“No les creemos, porque es hasta pueril que el Frente para la Victoria venga hoy a defender la libertad de expresión”, afirmó con cierta excitación el diputado mendocino del PJ disidente, Enrique Thomas quien además definió a los periodistas como “chirolitas”. El ingeniero agrónomo fue quien, oportunamente, presentó la medida cautelar en la justicia mendocina contra la Ley de Medios y que la tuvo suspendida. Hubo que esperar que la Corte terminara con esa chicana al demostrarle, al legislador, que carecía de legitimidad para impugnar la ley. No en vano, Thomas y sus diputados se opusieron al repudio a la demanda de Clarín.
Más directa y sin pruritos es la posición de Patricia Bullrich, quien no dudó en sostener que “el aparato estatal ha decidido de una manera sistemática suprimir la libertad de expresión en la Argentina”. A la primera falacia le sumó una peor: “¿Acaso creen que el derecho del 54% de los votos da la posibilidad de generar el cierre de los medios a los que no les gusta lo que dicen? Porque ese es el objetivo claro y lo plantearon claramente los diputados, porque lo que dicen es que quieren cerrar esos medios”, afirmó desde su solitario bloque unipersonal. Bullrich, en lo que pareciera una suerte de disociación alarmante, está a punto de comparar al gobierno nacional con una dictadura. Una lectura que no la encontrará sola y mucho menos podrá considerarse original, porque ya lo hizo el director de La Nación.
La declaración de repudio a la demanda penal contra periodistas también dejó en claro el tibio lugar que se deja para sí el socialismo. Prefirió congratularse con la rectificación del grupo y desestimó cualquier crítica. Tal vez la debilidad en que está sumido el gobierno socialista en Santa Fe, donde no dejan de aparecer casos de jefes policiales implicados en temas de narcotráfico, los llevó a preferir la vergüenza que una toma de posición definida.
Lo curioso es que esta última sesión en realidad comenzó hace poco más de tres años. Está íntimamente relacionada con la extensa disputa de Clarín contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde aquel septiembre de 2009, durante el debate de la norma, la oposición asumió el discurso del monopolio al considerarla, como hiciera el radical Oscar Aguad, un proyecto de ley ilegítimo de origen, tanto por su contenido como por la forma en que se trató.
El abandono de la lucha política de estos sectores, para transformarse en voceros de los intereses de las corporaciones, le otorga al oficialismo mayor responsabilidad y peso en la tarea a realizar en el futuro cercano. Usar tiempo para evaluar una posible re-reelección es dilapidarlo en desmedro de elaborar nuevas leyes, esas que todavía son necesarias para otorgarle al Estado un mayor control sobre algunos engranajes de la sociedad, como el financiero, que le permitan estabilizar y profundizar el modelo que se construye de manera permanente.
