El escándalo por corrupción que sacude al mundo del fútbol internacional y que derivó en la renuncia de Joseph Blatter al frente de la FIFA profundizó sus raíces en el territorio nacional. La Procuraduría General de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) –momentáneamente a cargo del fiscal federal Diego Iglesias– denunció penalmente ayer a los empresarios Hugo Víctor Jinkis, a su hijo Mario Alejo, y a Alejandro Burzaco por defraudación pública y lavado de activos de origen delictivo. Los tres están salpicados por la investigación que inició el departamento de Justicia de los Estados Unidos. El caso recayó en el Juzgado Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas, informó Tiempo Argentino.
Según se desarrolló en la presentación, los Jinkis (titulares de la firma Full Play International Television SA) y Burzaco (ex dueño de Torneos y Competencias SA, socio de Clarín y hermano de Eugenio Burzaco, ex jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires) adquirían a través de millonarios sobornos dirigidos a autoridades de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) los derechos exclusivos de los partidos de la Selección Argentina que luegovendían “a precios exorbitantes” al Estado, que tenía la exigencia legal de transmitir en directo el respectivo evento deportivo a todo el territorio nacional (Ley 25.345, sancionada en octubre de 2000). Así, lograban “colocarse en una situación de privilegio especial para negociar” con el gobierno “los derechos económicos de comercialización del marketing, publicidad y transmisión de diversos eventos futbolísticos” que protagonizó el equipo nacional desde 1991 a la actualidad.
Como esta maniobra “provocó un grave perjuicio al patrimonio público”, la Procelac les imputó el delito de fraude en perjuicio de una administración pública. Según la Procuraduría –que contó con la participación con la participación del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procuraduría especializada–, el Estado se vio “obligado a abonar sumas de dinero fijadas arbitrariamente que, en otro contexto, es decir, en un mercado transparente y sin la exclusión de otros competidores vía pago de sobornos, no hubieran alcanzado dicha magnitud”. “Su condición de únicos proveedores de los servicios pretendidos por el Estado”hacía inevitable la transacción.
La imputación de lavado de activos se debió a que el oscuro entramado que tejieron los imputados les generó “millonarias ganancias que se encuentran viciadas desde su origen por el ilícito señalado. Ergo, las ganancias y fondos con los que operaron las personas y empresas involucradas, vinculadas a las contrataciones con las asociaciones y federaciones de fútbol expuestas, resultan ilícitas.” Lo mismo sucede con “su introducción al mercado como actividad normal y habitual de la empresa así como su posterior aplicación y reconversión en otros bienes”.
En concreto, merced a los sobornos dirigidos a directivos de la FIFA y la Conmebol, los empresarios pudieron vender ilegalmente los derechos de televisión, marketing y publicidad al Estado Nacional por importes que superan los 38 millones de dólares. A saber: por la Copa América de 2011 obtuvieron más de U$S 3,2 millones; por la Copa América siguiente y elCampeonato Sudamericano Sub 20 el monto ascendió a U$S 8.600.000. La suma se elevó a U$S 19 millones por el Mundial de Fútbol celebrado en Brasil el año pasado. También se pagaron U$S 5,5 millones por la Supercopa de las Américas Argentina–Brasil celebrada en 2010 y en 2011. Finalmente, se pagó U$S 1,8 millones por otros cuatro partidos de la Supercopa de las Américas. “Todo ello en claro detrimento del patrimonio público”, sostuvieron los fiscales.
La denuncia se enlazó con el avance de la pesquisa en los Estados Unidos, que fue el país que impulsó la investigación principal que reveló la red de sobornos en la FIFA y la Conmebol. En mayo pasado, el Departamento de Justicia norteamericano acusó a dirigentes del fútbol mundial por fraude electrónico, blanqueo de dinero y extorsión por su participación en un plan para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional que se extendió por más de dos décadas.
Actualmente, los Jinkis y Burzaco (salpicados por su rol en los negocios non-santos) estándetenidos con prisión domiciliaria en la ciudad italiana de Bolzano y tienen pedidos de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos.
QUIÉN ES QUIÉN
Alejandro Burzaco era, al momento de estallar el escándalo, presidente de Torneos. Es hermano de Eugenio, ex jefe de la Policía Metropolitana que instauró Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Mantuvo una buena relación con
el ex presidente de la AFA Julio Grondona. Es hincha de River.
Hugo Jinkis es propietario de la empresa Full Play, dedicada al marketing deportivo, que tenía los derechos de televisación de la mayoría de las selecciones de Sudamérica. A su cargo estaban las Eliminatorias Sudamericanas, la Copa América y el Sudamericano Sub 17.
Mariano Jinkis es hijo de Hugo y figura como vicepresidente de la firma Full Play. Está sindicado como el que negoció, en persona, una polémica concesión que la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo de los derechos de su liga, en beneficio de la firma de los argentinos.
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