Reforma Laboral parcializada con caja millonaria y cursos de peluquería para un pueblo entero

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El próximo gobierno estudia reflotar el capítulo de “Capacitación continua” del proyecto de ley que contaba con el aval de la CGT aunque Cambiemos nunca lo pudo llevar a debate parlamentario.

Sorpréndase: los siguientes postulados no pertenecen a Suecia ni a Argentina año verde; sino que fueron esbozados hace apenas dos años: “Satisfacer el derecho a la capacitación continua de los trabajadores”, “establecer un sistema por el cual todo trabajador acceda a lo largo de su vida laboral a una cantidad de horas de aprendizaje continuo”, “crear el Documento de Identidad Ocupacional”, “Invertir para la creación de institutos de alta especialización para industrias” y “fortalecer los centros de capacitación”. Son apenas unos ejemplos del Título IV de la Reforma Laboral de Cambiemos que nunca fue tratada por el Congreso, pero que sí tenía la venia de la CGT y sus abogados, especialmente de quien tenía la birome legal en ese entonces, el hijo abogado del camionero, Huguito Moyano.

En su artículo 71, la fallida Reforma Laboral propone la creación de los Consejos Sectoriales Tripartitos de Capacitación Continua conducidos por el entonces Ministerio de Trabajo de manera conjunta con los sectores de los empleadores y trabajadores junto a un funcionario del Instituto Nacional de Formación Profesional. Estos Consejos harían, entre otros temas, de puente entre las necesidades del mercado respecto a las nuevas tendencias laborales y la consecuente formación de trabajadores. Un relojito y un desafío en un país en el que nada parece funcionar.

Todo viene a cuenta de las palabras de Alberto Fernández en la CGT y en las que exhortó a los sindicalistas a que Azopardo “sea un gran centro de capacitación”. La definición fue política pero también pragmática. Política porque ya alertó a los sindicalistas las discusiones que están en danza y que cada vez serán más aguzadas: hablamos del futuro del trabajo y las readaptaciones laborales que habrá que enfrentar. El que avisa, no traiciona. Pragmática porque o se encara el tema con la seriedad que amerita esta transición o correrán penurias económicas aún más complicadas para los trabajadores y el país.

“¿Dónde hay capacidad ociosa para dar estos entrenamientos? En los sindicatos”, se pregunta y responde un dirigente vinculado al sector de la educación y que se mueve dentro del albertismo. ¿Y la plata quién la pone? consulta Mundo Gremial: “El Estado, pero eso no quiere decir que no haya que hacer un esfuerzo”, desliza dejando abierta la puerta a posibles negociaciones.

Veamos: para cubrir la formación profesional se destinaron en el Presupuesto 2019, en la sección 23 de “Acciones de Capacitación Laboral” de la secretaría de Trabajo, 2.124.375.665 millones de pesos. El otro gran pulmotor de asistencia financiera a cursos hay que buscarlo en el Ministerio de Educación. Puntualmente en el Programa 39 del Presupuesto 2019 que lleva el nombre de “Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica” cuya unidad ejecutora es el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica): se asignaron 4.420.560.324 millones de pesos. Unificados superan los 6.500.000.000 millones de pesos. Si a la inflación de este año le sumamos el impulso que le quiere dar Alberto Fernández a la capacitación el monto de ambos presupuestos unidos podría rondar los 10.000.000.000 millones.

Por lo que reconstruyó MG la idea que se trabaja en el futuro gobierno es reflotar esta parte de la Reforma Laboral y acaso en cabeza de Gustavo Béliz, quien se encamina a ser un asesor en el sector laboral por ser un estudioso de los nuevos horizontes laborales. ¿Acaso unificar ambos presupuestos? Fue una pelea que en algún momento se discutió en el gobierno de Cambiemos: en todo caso, ¿alguien cedería semejante bolsa de presupuesto? Difícil, pero por ahí se engrosaría la partida a Trabajo en detrimento de la otra.

¿De qué hablamos cuando hablamos de formación profesional?

Un mar de diferencias separa lo que puede, o podría, darle un sindicato a sus afiliados de lo que podrían darle las organizaciones populares a sus militantes por una cuestión de recursos. Pero bien valen estos ejemplos para entender la dimensión de lo que pasa cuando no hay políticas públicas y de organizaciones intermedias para encarar un tema complejo de manera conjunta.

Un ex funcionario del ministerio de Trabajo y hoy próximo a desembarcar en un municipio detalla a MG: “Cuando llegamos nos encontramos que en un pueblo de 2500 personas daban cursos de peluquería a 250 personas”, cuenta y agrega: “Tomando que lo informado por la oficina de empleo local sea real, nadie se opone a ese curso, pero primero que no hay forma de contener a 250 peluqueros en un pueblo ni en sus inmediaciones y segundo que eso solo no forma a alguien laboralmente siempre pensando en el mediano y largo plazo y en los cambios que se vienen. Nos trataban de fachos pero lo que vemos es una realidad que avanza y no estamos a la altura porque la idea es dar cursos y formación permanente: arrancá con peluquería, seguí con electricidad y así hasta especializarte”.

Otro ejemplo: “Encontramos registros de personas que durante 11 años hicieron el curso de roperos”. Aclaración: roperos son aquellos que aprenden, en un curso de 6 meses, a acomodar y seleccionar ropa. En 2018, estos “planes laborales” que estaban bajo la órbita de Trabajo, y por los que cobran de parte del Estado tanto la organización que da el taller como la persona que lo toma, pasaron a Desarrollo Social porque el concepto del curso no estaba atado a formación laboral.

A la par, la misma fuente agrega que “hay sindicatos de vanguardia, como SMATA y la UOCRA, que te pueden dar cursos muy especializados”. A nivel conceptual cuenta de sus reuniones con sindicalistas: “Muchos de ellos no pueden abordar el tema porque no comprenden el fenómeno como para dar respuestas”.

Pregunta: ¿Acaso la voluntad de Alberto Fernández se traduzca en que los sindicatos deberían acompañar este proceso creando y posicionando especialistas en sus estructuras gremiales? En cualquier caso, el Estado asigna mucha plata para que los ciudadanos tengamos más posibilidades de progreso; aunque pareciera una meta cada vez más lejana de alcanzar. O bien que ese dinero esté mal direccionado.

Fuente: Info Gremiales

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